Por Florencia Tursi Colombo
El 18 de febrero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), firmó un decreto para nacionalizar el litio. “Nacionalizar el litio para que no lo puedan explotar extranjeros ni de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. El petróleo y el litio son de la nación. Son del pueblo de México” señaló AMLO.
El litio es un mineral fundamental en la elaboración de las baterías. Su nacionalización es una decisión estratégica. A largo plazo, se cree que el litio liderará el mercado energético del futuro siendo central en industrias clave para el desarrollo. Para los países latinoamericanos contar con el ingreso que supondría su exportación será decisivo.
De hecho, la CEPAL (la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe) reconoce al litio como estratégico para la transición energética y la electromovilidad en reemplazo del uso de motores de combustión interna.
Es importante también entender el contexto en el que esto sucede. Estamos en un momento de profundas tensiones, la guerra entre Rusia y Ucrania convirtió a los minerales y a la energía en recursos estratégicos y escasos, provocando un aumento de su valor sin precedentes que se tradujo en una inflación mundial.
En total se contabilizan 23 países con reservas de litio. El ranking lo encabezan Bolivia, Argentina y Chile, en mayor cantidad de reservas de litio. Los 3 países conforman lo que se conoce como el Triángulo del Litio donde se estima que se concentra más del 50% de las reservas del mundo.
En cuanto a México, el país se ubica en el puesto número 10 del ranking con una reserva estimada de 1.7 millones de toneladas, lo que representa el 2% del planeta. El estado de Sonora concentra la mayor parte de los recursos de litio del país.
La diferencia del litio mexicano es que no se encuentra en salares como en Bolivia, Argentina y Chile, sino en arcilla. Esto quiere decir que el litio está mezclado con otros materiales por lo que requiere de una tecnología mayor para extraerlo.
La Constitución mexicana, heredada de la Revolución, determina que el petróleo es potestad del Estado, siendo imposible que sea tercerizado, a pesar de que hubo gobiernos neoliberales que intentaron privatizar PEMEX, la petrolera nacional.
El Artículo artículo 27 de la Constitución establece que le corresponde a la Nación “el dominio directo de todos los recursos naturales, entre ellos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria y de los cuales el Ejecutivo Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales mediante declaratorias”.
Sin embargo, en el caso del litio, no había una formulación explícita sobre si podría ser objeto de una explotación privada o pública, quedaba a la libre interpretación del artículo citado arriba.
En definitiva, lo que logró AMLO al promulgar la ley es despejar esas malas interpretaciones que se podían llegar a dar de la Constitución estableciendo una empresa nacional del litio -la cual se llamará LitioMex- encargada tanto de la exploración y explotación como de la exportación.
Previamente, en abril de 2022, el Congreso mexicano reformó la Ley Minera declarando de utilidad pública la exploración, explotación y aprovechamiento del litio, y excluyendo la participación de empresas extranjeras, por lo que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos ni permisos. Asimismo, la reforma ya impulsaba la explotación exclusiva del Estado eliminando los órganos reguladores independientes los cuales son los encargados del control y de establecer las tarifas y los reemplaza por la regulación estatal.
El artículo 5 Bis de la Ley Minera señala lo siguiente: “declara de utilidad pública el litio (…) Serán consideradas zonas de reserva minera aquéllas en que haya yacimientos de litio” y “se reconoce que el litio es patrimonio de la Nación y su exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento se reserva en favor del pueblo de México”.
Aunque ya existía un proyecto de una empresa china llamada Ganfeng Lithium en Sonora para la exploración de litio. No obstante, la nacionalización estableció que no se van a retirar las concesiones ya otorgadas.
La ley de nacionalización del litio declara como zona de reserva a 234.855 hectáreas que abarcan los municipios de Arivechi, Divisadero, Granados, Huásabas, Nácori Chico, Sahuaripa y Bacadehuachi, en el Estado de Sonora, al norte del país, a los que denomina como la zona de reserva minera de litio Li-MX 1.
