Newsletter Economía y Pandemia
La reestructuración de la deuda es uno de los asuntos urgentes que debe resolver el gobierno nacional argentino en un contexto inédito. Tan es así, que en la reciente reunión virtual de ministros de economía del G20, el ministro argentino Martín Guzmán, pidió al FMI que “juegue un rol central en evaluar la capacidad de pago de países con deudas insostenibles” y advirtió que “si los acreedores privados no reconocen los análisis de sostenibilidad de deuda del FMI, será equivalente a no respetar su ´status´ de acreedor preferencial”. En la misma línea, el presidente del Banco Central de Argentina, Miguel Pesce, sostuvo que las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC) “modernas incluidas en bonos soberanos tienen un rol fundamental para permitir un desenlace ordenado para las reestructuraciones de deuda”. En ese sentido recordó que “el G20 manifestó, especialmente en las Declaraciones de los Líderes de 2014 y 2015, que las CAC modernas contribuirán al orden y la previsibilidad de los procesos de reestructuración de deuda soberana”.
Durante la reunión, el tema de la deuda externa a nivel global ocupó un lugar destacado, ya que el el foro debía pronunciarse sobre el pedido del Banco Mundial y diversas organizaciones de prorrogar la moratoria de la deuda sobre los países más pobres acordada en abril. Esta decisión se aplazó hasta octubre. Los representantes de los 20 países más industrializados del mundo afirmaron en su comunicado final que “considerarían una extensión” de la medida en los próximos meses, en función de “la evolución de la pandemia”. El G20 se pronunciará tras recibir de aquí a octubre, fecha de su próxima reunión, “los resultados de un informe del FMI y del Banco Mundial sobre las necesidades de liquidez de los países elegibles”, agrega el texto, según DW.
La delegación Argentina planteó las dos cuestiones sobre las que gira la reestructuración: la quita y las cláusulas que la organizan. Mientras que las miradas y el debate público tienden a concentrarse en la quita, que remite a la sostenibilidad económica de la deuda y la compatibilidad del esquema de pagos resultante con un programa económico de crecimiento e inclusión, la cuestión de las cláusulas es más opaca pero quizás más estratégica. Los argentinos aún recordamos el efecto político de la “cuestión de los buitres”, cuando la estrategia judicial con sede en Nueva York y la presión sobre el país y sus activos contribuyeron a exasperar las tensiones en el contexto de las presidenciales de 2015. Dejar un “cabo suelto” para que vuelva a activarse una situación similar podría ser igual o más determinante para las perspectivas del proceso político argentino.
La historia reciente es conocida pero vale repasarla. Argentina vivió de 2016 a 2019 un proceso de megaemisión de deuda. En este periodo la representatividad de la deuda sobre el PBI trepó alrededor de 30 puntos (pasó de ocupar el 52% al 81%) y el compromiso de pago en moneda extranjera casi se duplicó. El Presidente Alberto Fernández asumió el 10 de diciembre con los primeros vencimientos muy cercanos y un primer mensaje acerca de la sostenibilidad del endeudamiento en la asamblea legislativa: “No hay pago de la deuda que se pueda sostener si el país no crece“. ¿Qué pasó entonces?
Las conversaciones entre el nuevo gobierno argentino y los acreedores habían comenzado ese mismo diciembre cuando se presentó una serie principios para el pago sostenible de la deuda en donde expresaba su compromiso de pago. En febrero el FMI manifestó en un comunicado que la “deuda argentina era insostenible” y les pidió a los acreedores hacer “una contribución”. En abril, cuando la emergencia desatada por la pandemia parecía dejar a un segundo plano el problema de la deuda, el gobierno realizó la primera oferta formal. A partir de entonces el ministro Guzmán ha realizado tres nuevas ofertas, siendo la última y “definitiva” la presentada el viernes 3 de julio.
Desde la oferta inicial a la presentada a principios de este mes, el gobierno aumentó la propuesta del pago de 39 dólares cada 100 a 53,5 dólares, lo que igualmente significaría un alivio de 30.000 millones de dólares para el país. Además de esta mejora económica, la nueva propuesta contempla algunos pedidos legales que hicieron los bonistas, como la ampliación de la cláusula RUFO.
El fondo de inversiones BlackRock, que posee la mayor cantidad de bonos argentinos, reconoció que hubo una mejora en esta última oferta y afirman que a diferencia de los fondos buitres, no tienen voluntad de litigio. Este reconocimiento es importante teniendo en cuenta que el mes pasado el grupo de bonistas Ad Hoc (entre los que se encuentra BlackRock) y Exchange acusaron al gobierno argentino de mostrar poco compromiso en la negociación. A pesar de esto, los bonistas continúan rechazando la oferta argentina y buscan ampliar algunos aspectos legales del canje.
Los acreedores más importantes buscan modificar la Clausura de Acción Colectiva (CAC) que posibilita una reestructuración de la deuda total si una supermayoría de los tenedores de bonos la aprueban. Al respecto, ell mentor de Martín Guzmán, Joseph Stiglitz, publicó la semana pasada junto con otros economistas una nota en la que advierten sobre el comportamiento irresponsables de algunos acreedores e instan a la comunidad internacional a rechazar este accionar.. Estos economistas afirman que la modificación de la CAC sería un retroceso y un precedente desastroso para la restructuración de la deuda soberana: “Lo que quieren los fondos buitres y los litigantes agresivos es regresar a un mundo en el que usan y abusan de los tribunales para enriquecerse a expensas de los países en desarrollo, al tiempo que socavan a los actores responsables en los mercados financieros internacionales.”
En este contexto Argentina extendió el vencimiento de la oferta para agosto. A pesar que hubo una negativa parcial del fondo de los dos fondos de inversión con mayor participación para negociar, también es cierto que las diferencias hoy son mucho más acotadas que tres meses atrás. El final está abierto y se acordó una nueva ronda de negociaciones. Paralelamente, el gobierno presentó ayer en el Congreso Nacional el proyecto de Ley para reestructurar parte de la deuda pública emitida bajo legislación local donde proponen un tratamiento similar a la propuesta realizada a los bonistas extranjeros.
Dos datos relacionados para seguir pensando la coyuntura económica actual:
-
Los desafíos del pago de la deuda en contexto de pandemia
Para reflexionar acerca de los desafìos que implica la necesaria expansión de políticas públicas y el acotado margen fiscal de los países emergentes con gran cantidad de deuda, recomendamos la exposición de Cecilia Nahón representante argentina en el Banco Mundial, en el encuentro que realizamos desde el Observatorio del Sur Global. Nahón planteó allí la certeza de que, por un lado el covid-19 profundizó desigualdades preexistentes (tanto en lo interno de las sociedades como a nivel internacional) y que quienes mejor están respondiendo a esta crisis son los estados con mayor inversión en el sector público. Según la economista la deuda es un problema generalizado en el que influye el contexto internacional de bajas tasas de interés y la desregulación excesiva de los flujos financieros. Por estas razones, plantea que la solución a los problemas estructurales de las economías vulnerables necesariamente implican una buena articulación internacional.
-
Millonarios del mundo uníos
La semana pasada salió a la luz una carta firmada por 83 millonarios autodenominados “Millonarios para la Humanidad” en la que reclaman a los gobiernos que les cobren impuestos más altos para enfrentar la pandemia. Entre los firmantes se encuentra Morris Pearl, ex director gerente de BlackRock. Dicen los Millonarios para la Humanidad: “Nuestra interconexión nunca ha sido tan clara. Debemos reequilibrar nuestro mundo antes de que sea demasiado tarde. No habrá otra oportunidad de hacerlo bien. (…)La humanidad es más importante que nuestro dinero.” Queda por ver qué lugar ocupamos las economías emergentes en ese “reequilibrio”.
