El martes el Congreso del Perú rechazó el pedido de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte que era promovido por las bancadas de izquierda. El Pleno no admitió a debate la moción que buscaba destituirla por las 70 muertes producidas por la represión policial en el contexto de las manifestaciones. ¿Este respaldo a Boluarte por parte del Congreso significa su continuidad hasta 2026? Analicemos:
Boluarte asumió la presidencia
El 7 de diciembre Boluarte asumió la presidencia luego de que el Congreso votara la vacancia de Pedro Castillo.
La salida de Pedro Castillo se produjo en un marco institucional atípico. Si bien es cierto que el Congreso tenía agendado reunirse ese día para decidir sobre el tercer intento de vacancia, por la mañana Castillo anunció el cierre del Congreso y el llamado a nuevas elecciones.
El anuncio de Castillo no obtuvo el respaldo esperado. Aunque técnicamente un presidente puede hacer eso ya que la Constitución lo permite, en este caso fue objetado por distintos sectores políticos tanto de la oposición como del propio gabinete que se distanciaron del presidente dejándolo completamente solo.
Ni las fuerzas armadas, ni el poder judicial, ni el legislativo, ni los integrantes del gobierno de Castillo aceptaron las medidas de excepción planteadas por el presidente por lo que terminó quedando aislado en su intento de cierre del Congreso y de llamado a elecciones, medidas que eran uno de los reclamos del pueblo ante la constante disputa de poder planteada por el Congreso que impedía a Castillo gobernar.
El Congreso se reunió adelantando su sesión y aprobó la vacancia. Castillo fue detenido aún siendo presidente y no tuvo posibilidad de defensa en tal moción. La aprobación de la vacancia se hizo vulnerando el derecho de defensa. Y finalmente, la vicepresidenta Dina Boluarte asumió la presidencia del país juramentando que sería presidenta hasta el 2026: “Yo, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, juro por Dios y por la Patria y por todos los peruanos en el cargo de presidente de la República, que asumo de acuerdo con la Constitución política del Perú desde este momento hasta el 26 de julio de 2026” expresó.
Estallaron las protestas
Inmediatamente después del encarcelamiento de Castillo iniciaron las manifestaciones. En primer lugar reclamaban la liberación de Castillo, el cierre del Congreso y el llamado a elecciones, tal como el presidente lo había anunciado. Esas manifestaciones se hicieron cada vez mayores y la reacción policial fue violenta.
En segundo lugar, a partir de la violencia desatada y el conocimiento de los primeros muertos producto de la represión, las protestas se volvieron más masivas, pidiendo el fin de la violencia y justicia ante lo que estaba sucediendo, rechazando al gobierno de Boluarte y reclamando el adelanto de las elecciones para este año.
Tanto el Congreso como la presidenta hicieron caso omiso a ese último reclamo. Se presentaron proyectos que buscaban adelantar las elecciones al 2023 como salida a la crisis política que está atravesando el país pero no fueron aprobados. Hubo también un proyecto promovido por la propia presidenta para adelantar las elecciones al 2024 aunque aún no es seguro que vaya a suceder.
Mientras tanto el malestar social continúa. En las distintas marchas, como la llamada “toma de Lima” en enero en donde movimientos y organizaciones de todo el país accedieron a la capital para manifestarse, e incluso en la marcha por el 8M, la respuesta del gobierno fue más represión, gases lacrimógenos y muertes.
Boluarte expresó que ella no ordenó la represión. Pero tampoco ha hecho algo para detenerla. Por el contrario, responsabilizó a la protesta social por la violencia en el país, hizo un llamado al “diálogo” y caracterizó a los manifestantes como delincuentes y terroristas (el “terruqueo”). Hasta llegó a decir que Evo Morales fomentaba las protestas. También anunció el cierre de las embajadas en México y en Colombia debido a las expresiones de los presidentes de dichos países preocupados por el accionar no democrático del gobierno de Boluarte.
Estabilidad
El pedido de vacancia contra Boluarte había iniciado en enero, pero recién pudo ponerse en la agenda del legislativo en marzo. Las bancadas de Perú Libre, Perú Democrático y Cambio Democrático, buscaban la destitución de la presidenta por el uso desmedido y desproporcionado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en las manifestaciones.
A esto se le suma una problemática más que es la “estafa electoral”. Boluarte era la vicepresidenta de Castillo, quien ganó la segunda vuelta electoral en 2021 frente a la candidata de derecha y del establishment, Keiko Fujimori. Pero al día de hoy, Castillo fue sacado de la presidencia y gobierna Boluarte con el asesoramiento y la agenda de quienes perdieron la elección.
Es más, Boluarte sigue en la presidencia gracias al apoyo de los sectores políticos que perdieron la elección en 2021.
La moción de vacancia contra Boluarte promovida por las bancadas progresistas, que apoyaban a Castillo, fue rechazada con 64 votos en contra, 37 a favor y 10 abstenciones.
Un congresista de Avanza País (el partido de derecha liderado por el ex asesor económico de Fujimori, Hernando de Soto), Alejandro Cavero Alva, defendió a Boluarte apelando a la estabilidad. Su argumento fue que con Boluarte el país está logrando la estabilidad que con Castillo no pudo.
La misma Boluarte usó ese argumento para saludar la decisión del Congreso sobre su continuidad en la presidencia: “mantener la unidad y la estabilidad del país, prevalezca el respeto al orden constitucional y la democracia” señaló.
Argumentos que chocan frente al constante intento de desestabilizar que esos mismos sectores políticos tuvieron durante el año y medio de gobierno de Castillo, a través de los 3 intentos de vacancia que se promovieron, las mociones de censura y la no aprobación de proyectos.
El Congreso es la institución más rechazada por el pueblo. Se calcula que 90% de los/as peruanos/as rechazan al Congreso y al accionar de los congresistas. Mientras que el porcentaje de rechazo a Dina Boluarte es del 75%.
La gran problemática es la elección. Nadie dio su voto para que gobiernen quienes lo están haciendo y con la agenda que están planteando, eso se expresa en la protesta social. Pero, por lo pronto, no hay un llamado a elecciones que resuelva la crisis. La clase política apuesta por mantener a Boluarte ¿hasta el 2026?
Con el nivel de permanente inestabilidad política del Perú es difícil sostener que Boluarte pueda llegar al 2026. Los mismos que hoy la apoyan en el Congreso pueden sacarla mañana. Para permanecer, Boluarte tendrá que gobernar para aquellos sectores políticos del establishment que están acostumbrados a tener el poder, traicionando a quienes la votaron y en las calles se manifiestan pidiendo cambios.
