Por Florencia Tursi Colombo
El domingo 17 de abril, el Congreso de México rechazó la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Un par de días después, el martes pasado, se aprobó la reforma de la ley minera.
¿Qué debates se están dando por la energía y los minerales en México?
El proyecto de reforma eléctrica había sido presentado en septiembre de 2021 pero ante algunas críticas de las empresas energéticas se decidió iniciar una serie de debates en donde participaron las empresas privadas, actores políticos y sociales, y aplazar su tratamiento para este año.
Las críticas al proyecto se centraban en que la reforma crearía un monopolio estatal afectando a la libre competencia, y que perjudicaría al medioambiente ya que no privilegia las energías renovables.
La votación en la Cámara de Diputados se dió una semana después de lo que fue el novedoso referéndum por la Revocación de Mandato. Novedoso ya que fue la primera vez que se implementó gracias a la reforma realizada por AMLO en 2019. Los/as mexicanos/as accedieron a las urnas para decidir la continuidad o no del presidente Lopez Obrador. Con una participación de 17 millones de personas, aproximadamente el 16% del padrón, más del 90% apoyaron la continuidad de AMLO.
Aplazar la elección para después del referéndum por Revocación de Mandato tenía como objetivo esperar a la aprobación de AMLO para continuar con las transformaciones y la profundización de las medidas.
La reforma eléctrica implicaba la modificación de un par de artículos de la Constitución por lo que era necesario una mayoría especial de tres cuartos para su aprobación.
La nueva ley iba a derogar la reforma del 2013 aprobada por el entonces presidente Peña Nieto que daba beneficios a empresas privadas y extranjeras.
El objetivo de la reforma era que el Estado controle la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para devolverle el manejo en la generación y la venta de electricidad que al día de hoy se encuentra en manos de empresas privadas. Aunque AMLO había señalado previamente que no se trataba de “nacionalizar ni estatizar, significa darle su lugar a la CFE”.
El objetivo central de la reforma eléctrica era proteger a los consumidores y conseguir la independencia energética.
Lo que no se previó en 2021 era la particular situación con la energía surgida del conflicto entre Rusia y Ucrania. Justamente, la presencia del conflicto como telón de fondo que ha provocado la constante subida de precios de la energía y los combustibles, transformó el proyecto en una pieza clave del gobierno de AMLO en la búsqueda de reducir la dependencia externa limitando la participación privada en el sector. Lo que, sin dudas, hubiese sido útil para controlar la inflación.
Las empresas extranjeras controlan el 68% de la generación de la energía en México, mientras que el Estado solo tiene control sobre el 32%.
La oposición había intentado apelar a la Corte Suprema para bloquear el tratamiento ante una supuesta inconstitucionalidad. Sin embargo, el 7 de abril la Corte Suprema rechazó el pedido y sostuvo que no era inconstitucional la reforma, avalando la posibilidad de revocar los contratos privados de la CFE.
Pero no sólo los partidos de oposición PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano se posicionaron contra del proyecto, sino también EEUU reiteró en varias ocasiones su preocupación por las supuestas consecuencias de la aprobación de la reforma propuesta, ya que iría en contra de los compromisos asumidos con el tratado de libre comercio firmado entre EEUU, México y Canadá.
Una nota de opinión de The Washington Post sostiene que AMLO “maneja conceptos erróneos sobre la soberanía” y califica al líder mexicano como la peor manifestación del populismo y del nacionalismo, similar a lo que había sido el año pasado la nota de la revista británica The Economist que titulaba “El falso mesías mexicano” caracterizando al presidente como autoritario y un peligro para la democracia.
No obstante, por otro lado, el Congreso aprobó el martes 19 la reforma de la Ley Minera para nacionalizar el litio.
El litio se ha transformado en un recurso estratégico ya que es el mineral que se utiliza en la fabricación de las baterías eléctricas.
La ley impulsa la explotación exclusiva del Estado eliminando los órganos reguladores independientes los cuales son los encargados del control y de establecer las tarifas y los reemplaza por la regulación estatal.
La nueva reforma declara como utilidad pública la exploración, explotación y aprovechamiento del litio, excluyendo la participación de empresas extranjeras, por lo que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos ni permisos.
El objetivo es la administración exclusiva del Estado y para ello se creará un organismo descentralizado que se encargue del proceso.
Asimismo, el control del Estado supone el desarrollo tecnológico y de conocimientos que garanticen el crecimiento económico del país con soberanía sin perjudicar la salud de la población, cuidando el ambiente y protegiendo los derechos de los pueblos originarios.
Es interesante pensar en el debate que se abrió. La necesidad de contar, en este contexto de crisis inflacionaria de los combustibles, con energía y recursos minerales administrados por el Estado.
