Por Florencia Tursi Colombo
El Presidente del Perú, Pedro Castillo, atraviesa su momento más crítico debido a una serie de acusaciones de corrupción.
La fiscalía tiene 5 casos abiertos contra Castillo. Dos de ellos han tomado mayor dimensión y precipitan la crisis política.
El primero fue el caso de Juan Silva, ex ministro de transporte, Bruno Pacheco, ex secretario general y el sobrino de Castillo, Fray Vásquez, se los acusaba de integrar una organización criminal supuestamente liderada por Castillo, por coimas en la obra pública y por enriquecimiento ilícito. La fiscalía había ordenado al ministerio del interior, liderado por Mariano González, colaborar en la búsqueda del paradero de estas tres personas que se encontraban prófugas. Pero la renuncia del ministro González reavivó el escándalo al sostener que “no tengo dudas que Pedro Castillo tiene un compromiso con la corrupción”.
El otro caso es el de la cuñada de Castillo, Yenifer Paredes, por presunto tráfico de influencias al ofrecer una obra de saneamiento en Cajamarca. Paredes trabajó para la empresa JJM Espino Ingeniería & Construcción S.A.C., que en septiembre de 2021 ganó una licitación del Estado por más de 3,8 millones de soles.
La supuesta corrupción de Castillo se convirtió en escándalo mediático. Los medios de comunicación junto con la oposición de derecha han agitado las causas en su contra.
No es la primera vez que sucede esto en Perú. En los últimos años, desde el estallido del caso Odebrecht, todos los presidentes han sido investigados por corrupción. Pero este caso ha tomado dimensiones particulares. Detrás del escándalo de corrupción está la utilización política del sistema judicial por parte de la oposición de derecha para profundizar la crisis del gobierno.
Detrás del escándalo hay un aparato judicial armado para sacar a Castillo de la presidencia.
Desde los sectores que apoyan al presidente, acusan a la fiscalía de dejarse manejar por la derecha en su afán por sacar a Castillo del poder, de allí que la llamen la “derecha golpista”.
El martes pasado, la fiscalía acudió al Palacio de Gobierno con una orden de detención contra Yenifer Paredes, cuñada del presidente. Hace un par de semanas Paredes había declarado ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde negó haber tenido injerencia en la licitación que ganó la empresa para la cual trabajaba. Allí manifestó que nada tiene que ver con lo que la acusan y que ella no vive con su familia en el Palacio de Gobierno.
Pero el show mediático se montó. Las imágenes de la fiscalía en la puerta del Palacio con la orden de detención en mano no solo lograron generar en los espectadores un clima de que “todo el gobierno es corrupto”, sino también profundizar la inestabilidad del presidente ya que “en cualquier momento van con una orden de detención contra él”.
Luego, Castillo dio un mensaje al pueblo, negó todas las acusaciones en su contra y sostuvo que “es evidente la confabulación entre una parte del Congreso, la Fiscalía de la Nación y un sector de la prensa para desestabilizar el orden democrático”.
