Por Florencia Tursi Colombo
Hace más de un mes que las movilizaciones en Perú no cesan. Las jornadas de protestas son noticia ya que han encarnado una fuerte crítica a los poderes de gobierno, tanto el Congreso como a la nueva presidenta que asumió de forma cuestionable. Además reclaman por el adelantamiento de las elecciones y por una nueva Constitución. Pero la noticia también es la represión policial de las protestas que ha dejado, hasta el momento, 53 muertos y más de 700 heridos.
Sobre la vacancia de Castillo: interpretaciones técnicas y políticas
En diciembre se produjo la salida de Pedro Castillo de la presidencia en un marco institucional atípico.
El miércoles 7 de diciembre el Congreso iba a reunirse para decidir sobre el tercer intento de vacancia contra Pedro Castillo. En los dos anteriores, el Congreso no reunió los votos necesarios para aprobarla. Pero algunos creían que en esta oportunidad el Congreso podía llegar a reunir los votos necesarios para vacarlo.
Ese mismo día por la mañana, el presidente Castillo anunció en un mensaje televisado el cierre del Congreso y el llamado a nuevas elecciones.
Técnicamente, el cierre del Congreso es una facultad que tiene el ejecutivo cuando se le niega la confianza 3 veces ya sea en el nombramiento del gabinete o en el tratamiento de las leyes que el ejecutivo proponga.
Si bien el cierre del Congreso es una posibilidad que contempla la Constitución, el problema que inició Castillo al emplearlo es que, técnicamente, no era aplicable en este caso. De ahí que algunos/as hablaron, inmediatamente después del anuncio, de que se trataba de intento de golpe o autogolpe.
Sumado a las críticas técnicas al anuncio de Castillo que cuestionaron su validez, ni las fuerzas armadas, ni el poder judicial, ni el legislativo, ni el propio gabinete de Castillo aceptaron las medidas de excepción planteadas por el presidente por lo que terminó quedando solo en su intento de cierre del Congreso y llamado a elecciones.
El Congreso se reunió posteriormente ese día y aprobó la vacancia. Castillo fue detenido, aún siendo presidente, y no tuvo posibilidad de defensa en tal moción como plantea la Constitución. Es decir, la aprobación de la vacancia a las apuradas ese día vulneró el derecho de defensa. Como consecuencia, la vicepresidenta Dina Boluarte asumió la presidencia.
Hasta aquí el argumento técnico que se trataría simplemente de una mala interpretación de las normas. En donde ni el anuncio de cierre del Congreso de Castillo ni la vacancia presidencial son técnicamente válidas. Ahora bien, la crisis que se desató da cuenta de una problemática política de fondo.
La soberanía recae en el pueblo, principio básico que fundamenta la construcción política según la cual accedemos a las urnas para elegir a nuestros/as representantes. Justamente, lo que sucedió en Perú fue en contra de ese principio.
Lo sucedido, la detención de Castillo sin un debido juicio político y la asunción de Boluarte por decisión de una parte del Congreso, no respetó la soberanía popular ya que no hubo consulta al pueblo. Fue una decisión de un sector de la política peruana que, con argumentos racistas y clasistas contra Castillo y lo que él representaba, decidieron sacarlo del gobierno.
Sobre el golpe y los problemas de la democracia
Las irregularidades descriptas en cuanto a la detención de Castillo y la apresurada vacancia sin derecho a defensa, sumado a las ya presentes causas judiciales armadas que encarnaron una persecución judicial contra el presidente y su familia desde que asumió, configuran un escenario de golpe de estado.
Es decir, es un escenario sumamente complejo ya que, por un lado, el intento de cierre del Congreso -que nunca se efectivizó- por parte de Castillo sería un intento de golpe. Al mismo tiempo y por el otro lado, la aprobación irregular de la vacancia y la asunción de Boluarte -como mecanismos que rechazaban el intento de Castillo y que supuestamente venían a garantizar la estabilidad democrática- son también analizados como golpes.
El cuestionamiento a la democracia peruana no es nuevo. Al respecto, Anahí Durand señala que el régimen político que está vigente fue impuesto por el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992 y renovado en la transición del 2001. El triunfo de Pedro Castillo en 2021 canalizó las expectativas de los sectores más excluidos. Pero al asumir, debió enfrentar el permanente obstruccionismo de los grupos de poder atrincherados en el Parlamento en contubernio con la Fiscalía y los grandes medios de comunicación. Su objetivo siempre fue impedir un mandato a favor del pueblo.
Las irregularidades en cuanto a los procedimientos de vacancia tampoco son nuevas, su uso abusivo en circunstancias poco claras, es decir sin una causa probada de “incapacidad moral” del presidente ya fue visto en el caso de la vacancia de Vizcarra en 2020. Que también produjo una fuerte reacción popular en las movilizaciones que se dieron en noviembre de ese año.
El problema es que el Congreso sumando 87 votos puede casi sin motivo sacar del cargo a un presidente votado por el pueblo.
Retomando el argumento de la soberanía popular, hay un fuerte cuestionamiento del pueblo a las instituciones que se basa en que esas instituciones van en contra de las decisiones de dicho pueblo. Son instituciones deslegitimadas ya que no respetan la opinión que emite el pueblo en las urnas.
La aparente democracia que está vigente en Perú, cuya Constitución fue sancionada en una dictadura cívico militar, tensiona con la voluntad popular a través de mecanismos como la vacancia presidencial.
Sobre el pueblo, el rechazo y las movilizaciones
El abuso de la vacancia es el motivo por el cual el Congreso es fuertemente rechazado por el pueblo. A lo que se le suma el rol que ejerce para impedir medidas, proyectos de leyes y nombramientos del ejecutivo. El porcentaje de desaprobación del Congreso supera el 85%.
El pueblo ha salido a la calle en primera instancia en diciembre pasado, luego de la detención de Castillo en rechazo a ese Congreso y en pedido de la libertad del presidente.
En segunda instancia, el devenir del gobierno de Dina Boluarte también ha sido motivo de fuerte rechazo y de movilizaciones.
Boluarte ha conformado un gobierno que incorporó en su gabinete a fujimoristas, como Liendo O’Connor a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia. Pero el pueblo había votado en 2021 por la opción antifujimorista que encarnaba Castillo, un profesor del Perú profundo que impulsaba una asamblea constituyente para una nueva constitución.
La nueva presidenta rompió con aquel mandato electoral al incorporar a la derecha fujimorista al gobierno, esto produjo la reacción popular de quienes habían votado por otra cosa.
De hecho, la extrema derecha encarnada por Lopez Aliaga, recientemente electo alcalde de Lima, ha respaldado a Boluarte. Él ha sido uno de los pocos que la respalda, a diferencia de los gobernadores regionales, quienes han pedido adelantar elecciones, Lopez Aliaga pasó de opositor “anticomunista” que quería expulsar a Castillo a mostrarse apoyando a Boluarte con Lima en estado de emergencia, con la policía y las fuerzas armadas en las calles buscando “controlar la situación”, y con la complacencia de un minoría racista y clasista que se concentra en la capital. La policía y las fuerzas armadas ocupan los espacios públicos emblemáticos impidiendo las protestas bajo la excusa de que los manifestantes “no son de Lima” y deben “regresar a sus regiones”.
Sin dudas, quienes han salido a las calles lo han hecho para reclamar la estafa electoral, para hacer valer aquello por lo que votaron. No es solo por Castillo, es sobre todo contra los mismos de siempre que se han perpetuado en el poder.
El estallido se produjo en todo el país. En Lima se han concentrado frente al Congreso exigiendo su cierre y el llamado a elecciones para este año.
La reacción policial fue violenta, lo que desencadenó en aún mayor rechazo al gobierno de Boluarte. Hasta el momento se registran 53 muertos producto de la represión.
Las movilizaciones siguen. El pasado 19 de enero se produjo la llamada “toma de Lima” en donde movimientos y organizaciones de todo el país accedieron a la capital para manifestarse, la respuesta fue más represión y un gran incendio provocado por las bombas que arrojó la policía.
Con cinismo, Boluarte ha expresado que ella no ordenó la represión. Pero tampoco ha hecho algo para detenerla. Por el contrario, Boluarte responsabilizó a la protesta social por la violencia en el país, hizo un llamado al “diálogo” y catalogó las manifestaciones como actos delincuenciales y de vandalismo.
El porcentaje de desaprobación de Boluarte ha ascendido al 71% según los sondeos. Aunque es menos que el del Congreso, cabe señalar que Pedro Castillo se fue del gobierno con una aprobación que ascendió al 31% un mes antes de la vacancia, es decir, Castillo superaba en aprobación tanto a Boluarte como al Congreso.
No está claro cómo se va a resolver la situación. Sin dudas, el llamado a elecciones puede llegar a ser la mejor respuesta. Pero Boluarte y el Congreso se niegan a convocar a elecciones para este año, sino que han convocado para abril de 2024, lo que parece muy lejano.
Asimismo, no está garantizado el resultado de dicha elección, tomando en cuenta las pasadas presidenciales, la fragmentación y la dispersión del voto fueron las protagonistas, recordemos que Castillo ganó la primera vuelta con el 19% de los votos.
Mientras se mantenga el mismo sistema de partidos que funcionan como cascarones vacíos que se alquilan para figuras que quieren acceder al poder sin proyectos y mientras se mantenga un parlamentarismo manejado por el fujimorismo que se encarga de entorpecer el accionar del ejecutivo, nada nuevo, ningún cambio profundo podrá esperarse.
Por otro lado, las protestas continúan frente a la indiferencia de los gobernantes. Queda por diagramar una salida a la crisis que sea una construcción del pueblo y que no pase por las instituciones deslegitimadas. La propuesta de una asamblea constituyente con representación territorial es una de esas opciones.
El avance violento del gobierno de Boluarte a través de la represión de las protestas está llevando a un sector mayoritario de la población a comprender la necesidad de un cambio constitucional.
Pero hasta ahora, las manifestaciones no han podido torcer el curso, han tenido más peso la represión policial, la criminalización de las protestas y la dispersión territorial de las voces que se alzan. Tampoco hay un liderazgo, no hay unidad entre las fuerzas políticas que critican el sistema, y no hay acuerdos sobre cómo avanzar hacia esa constituyente. Aún les queda mucho por lo que luchar y seguir pensando caminos alternativos para el pueblo.
