La OCDE mantiene un panorama económico complejo con alta inflación y desaceleración del crecimiento para el 2023. La tensión en cercano oriente por el ataque de Turquía a posiciones kurdas en Siria e Irak en respuesta a atentado terrorista adquiere implicancias geopolíticas más profundas. En la Colombia de Gustavo Petro, a 100 días de su arribo al gobierno, se abrió la negociación de paz con la guerrilla del ELN. También se registraron avances en las negociaciones entre el oficialismo y la oposición venezolanas con la firma de un nuevo acuerdo en México. En Perú, el Presidente Castillo renovó su gabinete en el marco de la recurrente crisis política que vive el país.
Por Federico Montero y Pablo Macia
La OCDE mantiene un panorama económico complejo con alta inflación y desaceleración del crecimiento para el 2023.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó esta semana un nuevo informe de Perspectivas económicas en el que si bien con fía en que no habrá recesión mundial en 2023, sí se confirma una fuerte desaceleración, sobre todo en Europa. El bloque de los 38 países mas ricos prevé que el magro crecimiento económico estará liderado por los países emergentes de Asia, mientras que el viejo continente será el más afectado por la proximidad de la guerra en Ucrania. El crecimiento del PBI que en 2021 fue del 5,9% caería al 3,1% en 2022 y más aún a un 2,2% en 2023 y un 2,7% en 2024, según las previsiones. En ese contexto el crecimiento mundial en 2023 dependerá en ¾ partes del dinamismo de las economías emergentes asiáticas, en especial India (5,7%), Indonesia (5%) y China (4,6%).
Mientras tanto, entre los países del G7, en el 3° trimestre 2022 el PIB creció un 0,6% en Estados Unidos tras las contracciones de los dos trimestres anteriores. En el mismo período el PBI creció en Alemania un 0,3%, en Italia un 0,5%, Canadá un 0,4% y Francia un 0,2% mientras que en el Reino Unido cayó un 0,2% y en Japón un 0,3%.
En cuanto a la Argentina, el informe prevé que el PIB aumente un 0,5% en 2023 y un 1,8% en 2024. Según el mismo, la OCDE valora el acuerdo con el FMI para estabilizar las políticas macroeconómicas pero la alta inflación y la situación externa de fragilidad generada por la alta deuda y la escases de divisas complican las perspectivas de crecimiento.
Pero Secretario General de la OCDE, Mathias Cormann, crecimiento puede ser más débil de lo proyectado si los precios de la energía aumentan aún más, o si las interrupciones del suministro de energía afectan a los mercados de gas y electricidad en Europa y Asia.
La guerra en Ucrania ha causado una crisis energética de las más graves desde la década del ´70, con altos precios de los hidrocarburos y de los alimentos y derivados, que producen un aumento de la inflación potenciado por la ruptura de las cadenas de suministro provocadas por las sanciones de las principales potencias occidentales a Rusia. Así, en el área de la OCDE, la inflación se mantendrá en el orden del 9% en 2022, para descender moderadamente a un 6,6% en 2023 y el 5,1% en 2024.
Frente a estos niveles de inflación, la OCDE continúa sosteniendo las rectas ortodoxas de aumentar la tasa de interés y promover políticas monetarias restrictivas para desalentar el consumo y anclar las expectativas inflacionarias. Pero en contrapartida, esto encarece el crédito y aumenta las deudas en los hogares, las corporaciones y los Estados, lo que conlleva a una pérdida del nivel de vida de las poblaciones con mayores niveles de pobreza. Otras alternativas impulsadas frente a estas políticas, son las de mejorar la productividad en base al impulso estatal en apoyo de la inversión, la eficiencia energética, y la transición justa.
En cuanto al comercio internacional, en el tercer trimestre de 2022, en los países del G20, los intercambios de bienes cayeron por primera vez en 2 años (desde la pandemia) mientras que los de servicios se vieron fuertemente desacelerados.
Esta situación mundial de incertidumbre y de deterioro del nivel de vida de las poblaciones ha generado un malestar social que amenaza con deteriorar a las democracias liberales de mercado. Esa preocupación se abordó en la Conferencia Ministerial de Gobernanza Pública de la OCDE sobre “Fomento de la confianza y fortalecimiento de la democracia”, realizada en Luxemburgo el 18 de noviembre. Allí se analizaron las problemáticas de la baja participación electoral, la creciente polarización política y los movimientos antiestablisment que cuestionan las instituciones democráticas. Frente a ello, los ministros impulsaron la Iniciativa de Refuerzo de la Democracia, que establece compromisos frente a 5 desafíos clave: 1 la lucha contra la desinformación; 2 garantizar la representación y la participación de la sociedad en la vida pública; 3 asumir responsabilidades globales de gobierno frente a la influencia extranjera; 4 “gobernar verde” para responder al cambio climático; y 5 transformar la gobernanza pública para la democracia digital.
Crece la tensión en cercano oriente por el ataque de Turquía a posiciones kurdas en Siria e Irak en respuesta a atentado terrorista.
La aviación turca viene atacando posiciones kurdas en el norte de Siria y de Irak en represalia al atentado terrorista cometido el 13 de noviembre en la avenida de Istiklal, Estambul, que dejó seis muertos y 81 heridos. Si bien el duro golpe difundido por videos caseros en la prensa mundial, no fue reconocido por ninguna organización, desde Ankara fue atribuido a la milicia kurdo-siria Unidades de Protección Popular (YPG) y planeado en la región siria de Kobane.
La respuesta de Turquía al atentado fue la operación “Garra-Espada”, en la que participaron “70 aviones y drones” adentrándose a 140 km en el norte de Irak y 20 km en el norte de Siria”, según el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Las incursiones desplegadas a lo largo de la semana destruyeron posiciones de las milicias del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y de Unidades de Protección Popular (YPG) que Turquía considera terroristas y dejaron al menos 31 muertos, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH), ONG opositora al gobierno. El conflicto escaló en la semana a partir del disparo de cohetes desde territorio sirio que causaron dos muertos en un establecimiento educativo de la ciudad turca fronteriza de Karkamis.
Frente a ello, Erdogan advirtió que analiza una operación terrestre en Siria e Irak “para combatir la amenaza terrorista”, lo que implicaría la ocupación militar de zonas de mayoría kurda en ambos países. Pero estas operaciones traerían consecuencias geopolíticas más grandes que el mero conflicto entre estos países del oriente próximo.
Por un lado, las milicias de Unidades de Protección Popular (YPG) tienen como aliados a Estados Unidos en las llamadas Fuerzas Democráticas de Siria (FDS), que combatieron al Ejército Islámico cuando el grupo yihadista ocupó zonas del norte de Siria y oeste de Irak. En ese marco, la disputa de Turquía con el YPG conlleva a una mayor tensión con la potencia occidental, ya dañada por el posicionamiento independiente que Ankara mantiene con respecto a la guerra en Ucrania.
En efecto, Turquía como país emergente y potencia intermedia con influencia regional adquirió un peso estratégico en el marco de la guerra en Ucrania, ya que por un lado articula con occidente en el marco de la OTAN e inició tratativas desde hace tiempo para ser miembro pleno de la Unión Europea, pero por otro lado se acerca culturalmente a Eurasia, con articulaciones regionales y su participación en la Organización de Cooperación de Shanghái (OSC). En este sentido se ha convertido en un actor estratégico para articular negociaciones entre los dos bloques geopolíticos que se están consolidando a partir de la guerra. Esta posición independiente permitió la negociación entre Rusia y occidente para el acuerdo de liberar los cereales y fertilizantes por el Bósforo, así como la potencial articulación para convertirse en un centro energético transregional, que permita intermediar como cliente del gas y el petróleo ruso y convertirse en proveedor hacia occidente de dichos energéticos. En esa línea se compone la infraestructura del gasoducto South Stream y los proyectos para nuevas derivaciones que reemplacen a los cancelados Nord Stream 1 y 2.
Algunos analistas consideran que esta situación privilegiada de Turquía y sus intentos de mayor autonomía y acercamiento a los países emergentes y del sur global ha iniciado una estrategia de guerra híbrida de Estados Unidos hacia Ankara. En esa línea marcan la complicidad de Washington en los intentos de sabotear el gasoducto ruso South Stream por parte de Ucrania junto con otra serie de acciones orientadas por Estados Unidos a crear un bloque antiturco en represalia a su negativa a alinearse en el bloque occidental. Entre las más destacadas se encuentran el propio atentado en Estambul atribuido al YPG, los intentos de derrocar a Erdogan con la conspiración encabezada por Fetullah Gulen en 2016 (exiliado en EEUU), intentos de desestabilizar al país de cara a las elecciones de junio del 2023, el apoyo al PKK y el YPG recibido por Suecia, Finlandia, que generó conflictos en el seno de la OTAN y el adiestramiento de fuerzas insurgentes brindado por Grecia en torno al conflicto entre Atenas y Ankara en torno a Chipre, entre otras.
Por otro lado, Turquía, también mantiene algunas discrepancias con Rusia, ya que en Siria ha apoyado a los rebeldes que luchan por derrocar al presidente, Bashar al-Assad. Sin embargo este año en Teherán se han encontrado Turquía, Rusia e Irán para abordar la negociación sobre Siria en la plataforma de Astaná, generando una distensión en los intentos de crear una zona de seguridad de unos 30 kilómetros en la frontera impulsado por el gobierno turco. Posiblemente en este nuevo contexto haya una nueva escalada en este sentido.
Pero más allá de estas tensiones y sus posibles desenlaces, Turquía deja en claro que continuará aprovechando el papel estratégico en esta coyuntura actual orientado a mantener una posición autónoma que le permita articular iniciativas con las potencias occidentales y los países emergentes del sur global de acuerdo a sus intereses nacionales.
Colombia reabrió la negociación de paz con la guerrilla del ELN y Venezuela hizo lo propio entre el gobierno y la oposición.
El lunes se desarrolló en Caracas, Venezuela, el inicio de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano de Gustavo Petro y la histórica guerrilla de raíz marxista del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Luego de la promulgación de la Ley de Paz Total del 3 de noviembre y a poco más de 100 días del primer gobierno de izquierda con Pacto Histórico, se retoma la negociación con el ELN luego de que el proceso iniciado en 2016 con Santos y las FARC fuera suspendido por el presidente conservador Iván Duque en 2019.
La principal preocupación del presidente Gustavo Petro es que esta negociación para el desarme de la guerrilla logre trascender a los gobiernos en la defensa de los derechos humanos, en base a una participación representativa de todos los sectores de Colombia. Así la delegación del gobierno está encabezada por Otty Patiño, exmiembro de la guerrilla del M-19, de la que Petro formó parte en su juventud. El grupo rebelde M-19 alcanzó un acuerdo de paz con el gobierno de Virgilio Barco en 1991, a partir de una Asamblea Constituyente que modificó la Constitución vigente hasta el momento. A la experiencia como negociador de Patiño se le sumarán la senadora María José Pizarro, hija del máximo comandante del M-19 que firmó la desmovilización de esa guerrilla, Carlos Pizarro, quien finalmente asesinado en 1990. También contará con Iván Cepeda, otro senador, defensor de los diálogos de paz e hijo del dirigente del Partido Comunista Manuel Cepeda, asesinado por paramilitares en 1994. Pero el dato llamativo es que en la delegación gubernamental participará presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), José Félix Lafaurie, un uribista que fue opositor al actual gobierno. También participan dentro de esta delegación que intenta representar a todas las posiciones, los militares retirados, el coronel del Ejército Álvaro Matallana, el almirante Orlando Romero y el General en situación de activo, Eliot Gerardo Benavides.
En la negociación en la que intervienen como garantes, Venezuela, Cuba y Noruega, por parte del ELN, interviene el líder del Comando Central, Eliécer Chamorro, alias “Antonio García”, el segundo comandante, Israel Ramírez Pineda, conocido por el alias de “Pablo Beltrán”. y la dirigente Violeta Arango, entre otros miembros de la conducción. La negociación con el ELN presenta ciertas complejidades ya que su estructura es más descentralizada y más amplia que la de las FARC, y la organización tiene células y comandos en Venezuela.
Los líderes rebeldes reconocen en el gobierno de Gustavo Petro un cambio importante con respecto al tratamiento de los partidos políticos tradicionales con respecto a la guerrilla. Sin embargo el proceso de desmovilización estará dado por la capacidad de garantizar condiciones de participación democráticas para los grupos rebeldes y la necesidad de mejorar efectivamente las condiciones de vida de las poblaciones campesinas. Esto último viene atado no sólo a mejoras sociales y reformas agrarias que habiliten la agricultura familiar como alternativa para enfrentar al narcotráfico y los terratenientes, sino también al desmantelamiento de los grupos paramilitares que asedian a las poblaciones para someterlas a trabajos precarios y a la criminalidad.
En efecto, según el informe de la Comisión de la Verdad, Colombia fue víctima de 450.664 homicidios durante el conflicto armado, siendo los grupos paramilitares los responsables principales con la muerte de 205.028 víctimas el 45 % del total. A su vez, los agentes estatales fueron causantes de la muerte de 56.094 personas, un 12 % del total. Por el lado de los grupos guerrilleros se contabilizó un 27%, con un total de 122.813 víctimas (17.725 atribuidas al ELN).
La gravedad de la situación la puso en evidencia el propio Gustavo Petro al afirmar que “el conflicto armado puede derivar en temas como los de Medio Oriente”, tomando como referencia la reciente masacre en Putumayo, que dejó 18 muertos. Con todo, el proceso ha comenzado y como garantía del mismo, el gobierno ha suspendido órdenes de arresto contra 17 miembros de la guerrilla mientras que el grupo rebelde liberó a cinco miembros del Ejército y la Policía de Colombia que habían sido secuestrados.
Por otro lado, en continuidad con las conversaciones previas al Foro Mundial de la Paz en París, la Delegación de la República Bolivariana de Venezuela y un sector de la oposición firmaron en México el segundo Acuerdo Parcial para la Protección del Pueblo Venezolano. El acuerdo con la oposición que responde a Juan Guaidó, centrado en las negociaciones de cara a las elecciones de 2024, permite avanzar en la recuperación de 700 millones de dólares congelados en cuentas internacionales, tras las sanciones de Estados Unidos a Venezuela. Los recursos rescatados reforzarán el sistema público nacional de salud, energía eléctrica, infraestructura escolar, y también afrontarán las pérdidas por los temporales que azotaron recientemente al país.
La delegación de Venezuela ante la mesa de diálogo de México, encabezada por Jorge Rodríguez Gómez exige la inmediata liberación del diplomático venezolano Alex Saab, de cuya detención en Estados Unidos frenó el proceso de negociación en 2021. Mientras tanto, Estados Unidos autorizó a la compañía petrolera Chevron a reiniciar parcialmente sus actividades en Venezuela a partir de este acuerdo. En efecto, tanto Estados Unidos como Francia a través de la empresa Total Gas, mantienen un interés por invertir en Venezuela a partir de los cambios derivados del aumento del precio de los combustibles por la guerra en Ucrania. Pero para iniciar estas operaciones le exigen a Venezuela que retome las negociaciones con el sector de la oposición que, con el apoyo de Estados Unidos y Europa, intentó derrocar al gobierno de Nicolás Maduro en 2019. La expectativa es que a partir de este entendimiento se realicen mesas de trabajo quincenales para su implementación. De esta manera, la República Bolivariana de Venezuela continúa restableciendo su legitimidad en el plano internacional que fuera puesta en vilo a partir del 2019 con el endurecimiento de las sanciones económicas que jaquearon al país.
En Perú, Castillo renovó su gabinete para afrontar la disputa política con el Congreso.
En una nueva disputa entre el Ejecutivo de izquierda liderado por el presidente Pedro Castillo y el Congreso Nacional controlado por los partidos de oposición en Perú, se produjo esta semana la renuncia del primer ministro Aníbal Torres, La misma se dio luego de que el parlamento le rechazara a Torres el proyecto de Ley para proponer un referendo de reforma constitucional, que fuera parte del programa electoral de Castillo. El Gobierno interpretó esa negativa del congreso como una quita del voto de confianza a Torres aunque el Legislativo argumentó que el rechazo se dio por improcedente.
De esta manera, Castillo nombró a su quinto gabinete, poniendo como primera ministra a Betssy Chávez, ex ministra de cultura que también afronta denuncias de la oposición por supuestos actos de corrupción. Chávez debe ser ratificada por el Congreso en un plazo máximo de 30 días a partir del día de su designación. En caso de que el Congreso niegue el voto de confianza al nuevo gabinete, la Constitución indica que el gobierno está habilitado legalmente para disolver el Congreso.
El complejo sistema de “frenos y contrapesos” entre el poder ejecutivo y el legislativo en Perú, tradicionalmente ha paralizado la acción de los presidentes, en un país con una dispersión partidaria que en el común de los casos imposibilita una mayoría política para el ejecutivo. Así, el presidente debe “pedir permiso” al legislativo hasta para manejar las relaciones internacionales fuera del país. A Castillo, el legislativo le impidió participar en importantes encuentros internacionales como el reciente del APEC, la Cumbre del Pacífico en México, donde tenía que recibir la presidencia pro tempore del organismo, y encuentros como el planificado con el Papa Francisco, entre otros. Este tipo de accionar hace que recurrentemente, el parlamento haya destituido al presidente en los últimos años.
Castillo enfrentó dos intentos de destitución del Congreso, y cuenta una desaprobación de 66% según los sondeos. Pero además el Congreso dio lugar a una imputación de fiscalía contra el presidente Pedro Castillo, a quien investiga por supuesta corrupción y pide separar temporalmente del cargo.
Esa creciente tensión llevó al mandatario a denunciar un intento de golpe de Estado en marcha y pedir a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que intervenga, invocando la Carta Democrática Interamericana. De esta manera arribó una misión de Alto Nivel de la Organización para evaluar la situación política en el país. La delegación se reunió con dirigentes del oficialismo y la oposición y en breve publicará un informe, mientras tanto mantiene un fuerte hermetismo.
De esta manera se mantiene el conflicto abierto en un país donde la crisis política y los conflictos se han convertido desde hace mucho tiempo en moneda corriente.
