Por Florencia Tursi Colombo
La deuda externa de los países latinoamericanos representa el 77% del PBI total de la región. Esa tendencia parece incrementarse amenazando con una nueva crisis de la deuda.
América Latina y el Caribe es hoy la región emergente más endeudada. Los intereses de la deuda representan el 59% de las exportaciones de bienes y servicios de la región. Se han exacerbado las desigualdades, se profundizó la débil estructura productiva y se generó un nuevo problema, la posibilidad de una crisis de la deuda ante las dificultades de pago.
¿Será posible resolver la problemática de la deuda externa sin recurrir a las políticas de subordinación al capital transnacional?
La deuda en la pandemia
La deuda empeoró con la pandemia. A fines del 2021 la deuda externa de los países latinoamericanos representaba cerca del 78% del PBI total de la región.
En su discurso ante la Cumbre de las Américas, el pasado 9 de junio, Alberto Fernández señaló: “nos preocupa que América Latina y el Caribe hayan emergido de la pandemia como la región más endeudada del mundo en desarrollo. El peso promedio de la deuda externa supera el 77 % del producto bruto regional”.
En 2020 las calificadoras de riesgo alertaron sobre lo inestable de las deudas contraídas. Carlos Alvarado, ex-presidente de Costa Rica señaló: “nuestros márgenes fiscales en estos tiempos de pandemia se ven cada vez más estrechos. En la pandemia tuvimos menos crecimiento, más erogaciones, y por lo tanto, más presión. No tuvimos respiro de las calificadoras”.
La deuda del mundo llegó a 226 billones de dólares en el contexto de pandemia, su aumento anual más grande desde la Segunda Guerra Mundial. La diferencia está en que después de la guerra la mayoría de la deuda era de gobierno a gobierno, ahora la deuda contraída por los gobiernos es de bancos privados.
La pandemia trajo un impacto financiero negativo. No obstante, el problema del endeudamiento ya estaba presente desde hace unos años.
A partir del 2008, la crisis financiera internacional y la caída del precio de los commodities aceleraron la restricción externa en todos los países de la región, dando un fuerte impulso al endeudamiento. En América Latina, desde el 2008, la deuda, tanto en términos absolutos como en relación al PIB, aumentó.
Pero fue a partir del 2016 que el endeudamiento externo volvió a ser una preocupación en América Latina en general. Desde ese año el endeudamiento de la región se aceleró.
No fue casual que el cambio en la orientación política de los gobiernos que confluyeron en ese período implicara el aumento de la deuda externa.
El Banco Mundial (BM) alertó que la deuda de los países de ingresos más bajos de la región, en 2021, fue de 860.000 millones de dólares, lo que representa un aumento del 12% respecto del 2020.
Al día de hoy, los países latinoamericanos más endeudados son: Panamá, Nicaragua, El Salvador, Ecuador y Argentina.
Ahora bien, Brasil fue uno de los países que más aumentó su deuda pública durante la pandemia. Llegando a un incremento del 18% durante el 2020 (equivale a 140.000 millones de dólares).
La incidencia del FMI
El FMI puso a disposición de 21 países de América Latina y el Caribe préstamos de emergencia a partir de la pandemia. En enero de 2021, destinó 66.500 millones de dólares a la región, lo que representa el 63% del desembolso total que realizó el organismo, dando un total de 106.000 millones de dólares.
Según indica la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el financiamiento que el FMI otorgó en el marco de sus programas Instrumento de Financiamiento Rápido y el Servicio de Crédito Rápido solo cubrió entre el 32,3% y el 23,1% en promedio, de las necesidades de financiamiento internas y externas de los países de la región en 2020.
En el año 2019, la deuda pública representaba 68,9% del PIB de la región, mientras que a fines del 2020 se alcanzaron niveles de 79,3% del PIB regional, es decir, más de diez puntos porcentuales, de acuerdo con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Aunque el FMI retornó a la región algunos años antes de la pandemia.
A comienzos de siglo, la llegada de gobiernos populares a la región significó un desendeudamiento. En Ecuador, Rafael Correa realizó una auditoría integral que suspendió el reembolso de una buena parte de la deuda ilegítima. En Argentina, Néstor Kirchner renegoció la deuda logrando disminuir su peso sobre el PBI.
Pero a partir de la vuelta de los gobiernos de derecha, junto con el estancamiento económico del 2008 que repercutió en 2013 en la región, la situación cambió. El FMI retornó junto con su programa de reformas de la mano de esos gobiernos.
A partir del 2003 la incidencia de la deuda externa total sobre el PBI de la región disminuyó significativamente. Pero a partir del 2015 volvió a crecer acercándose al máximo obtenido a fines de los años 90.
¿Una nueva crisis?
La consecuencia del endeudamiento externo es que los países, para pagar dicha deuda, se acoplan a los intereses de sus acreedores, provocando una subordinación de las políticas al cumplimiento de dichas obligaciones.
Nuestra región se encuentra subordinada al capital trasnacional. Anteriormente, cuando estalló la crisis de la deuda en las décadas de los 80 y 90, nos impusieron las reformas estructurales que fue la entrada del neoliberalismo con sus trágicas consecuencias en la región.
Las nuevas deudas contraídas por los gobiernos de derecha no han fomentado el desarrollo económico. Por el contrario, se profundizó la dependencia externa haciendo que, en el contexto de pandemia, los países latinoamericanos vean la necesidad de acceder a más deuda externa para financiar la crisis provocada por el coronavirus.
Pero más deuda no ha implicado más productividad ni redistribución. Por el contrario, la nueva deuda ha exacerbado las desigualdades profundizando la débil estructura productiva de la región y generando un nuevo problema, la posibilidad de una crisis de la deuda ante las dificultades de pago.
Será posible resolver la problemática de la deuda externa de manera coordinada en la región. Tal vez sea esa la única opción para limitar la incidencia de los intereses externos y de los programas de reformas.
