Las pandillas parecen haber dominado parte del territorio latinoamericano. La ausencia o ineficiencia de los Estados durante largo tiempo en algunos países, las distintas crisis económicas, políticas y medioambientales y el avance del narcotráfico, son las causas de esta dramática situación.
Hace un tiempo se viene hablando de la violencia en Centroamérica, el constante tráfico de personas, armas y drogas, todos ellos, negocios manejados por bandas que se han hecho del control de los territorios. El caso extremo es el de Haití, luego del asesinato del presidente Jovenel Moïse, las pandillas gobiernan el territorio llevando a cabo una violencia sin precedentes en un país ya muy golpeado por la extrema pobreza.
No obstante, la problemática no es exclusiva de América Central, en el sur también sucede en otra escala ya que hay Estados con más herramientas. Pero está empezando a ser una situación cada vez más presente que desafía la capacidad de respuesta. En la medida de que las crisis económicas y políticas se van profundizando, provocando mayores índices de pobreza, mayor dificultad de acceso a un trabajo de calidad y la población sienta roto el lazo de representación con sus dirigentes, crece el terreno propicio en el que las bandas criminales comienzan a operar cooptado a quienes tienen necesidades ya que no llegan a fin de mes y fomentan la corrupción de políticos y fuerzas de seguridad en medio de la crisis de representación.
Nuevas medidas de seguridad
En Honduras, la presidenta Xiomara Castro anunció el domingo pasado la intervención de los centros penales luego de una serie de enfrentamientos, amotinamientos y tiroteos entre pandillas en 4 cárceles que dejó un saldo de 1 muerto y 7 heridos.
La misma Xiomara calificó su anuncio como una “intervención dura” de los centros penales pero aclaró que se hará respetando la humanidad de los presos, sus familiares y defensores. “El crimen se combate desde la prevención no solo con el castigo” señaló.
Pero el caso de Honduras no es una excepción, desde el año pasado en Ecuador se vive una fuerte crisis carcelaria que ha dejado numerosos muertos a causa de los motines.
En la última semana el presidente Guillermo Lasso estableció el estado de excepción con el cual puede militarizar las calles y suspender garantías constitucionales ante la “grave conmoción interna” que atraviesa el país. El objetivo es enfrentar a las bandas criminales, la delincuencia y al narcotráfico.
En el último año las muertes violentas se duplicaron en Ecuador, registrando una tasa de homicidios de 14 cada 100 mil habitantes en 2021 a 25 cada 100 mil habitantes en 2022. En la zona más caliente del país -la llamada zona 8 que comprende las regiones de Guayaquil, Durán y Samborondón y las provincias de Santa Elena y Los Ríos- entre enero y marzo de este año se registraron 434 muertes violentas.
Pero con el estado de excepción, Lasso también autoriza la portación de armas de uso civil y el uso de aerosoles de gas pimienta. El estado de excepción será mantenido por 60 días en aquellas regiones.
La polémica por la “mano dura” la inició el presidente de El Salvador Nayib Bukele cuando decretó el estado de excepción hace ya un año luego de una escalada de violencia en la que en una sola semana hubo 87 muertos en manos de enfrentamientos entre pandillas, conocidas como las maras.
Durante el transcurso de este año de excepción en El Salvador fueron capturados 66.417 pandilleros y se logró bajar la tasa de homicidios. La mayor polémica de Bukele es la megacárcel recientemente inaugurada. Distintos organismos de derechos humanos han alertado sobre los abusos cometidos, detenciones arbitrarias, violaciones y torturas.
El aumento de la inseguridad y la escalada violenta es un hecho. En Chile, en medio de una ola de inseguridad fueron asesinados 3 carabineros. En consecuencia, el presidente Gabriel Boric con apoyo de la oposición impulsó una nueva ley que busca aumentar la pena a quienes ataquen a las fuerzas de seguridad.
La nueva medida se la conoce como la ley Naín-Retamal, en homenaje a los primeros 2 carabineros asesinados. En menos de un mes fueron 3 los asesinatos, el tercer hecho se produjo cuando ya el Congreso se encontraba tratando la nueva ley.
La ley, publicada oficialmente el lunes pasado, fortalece y protege el ejercicio de la policía, endurece la pena y restringe los beneficios carcelarios para quien ataque o mate a alguien perteneciente a las fuerzas de seguridad.
Asimismo, Boric anunció la inversión de unos 1.500 millones de dólares anuales destinados a seguridad para fortalecer el equipamiento. Las nuevas medidas también incluyen la intervención de 30 comunas que presentan los índices más altos de crímenes violentos. Junto con ello, se implementará el Plan “Calle sin Violencia” para fortalecer la operación y el accionar de las fuerzas.
Las críticas
En Chile, luego de los anuncios de Boric, sectores de izquierda que integran la fuerza política de gobierno se mostraron en desacuerdo. Lo que interpretan es que se cedió a las presiones de la derecha por implementar una agenda de seguridad represiva.
El punto más polémico de la ley Naín-Retamal es la presunción de legítima defensa para carabineros y demás fuerzas de seguridad, lo que permite interpretar su accionar -cualquiera sea- como inocente en caso de que su vida o la de un tercero esté en riesgo. Las dudas vienen al analizar el rol que a lo largo de la historia tuvieron los carabineros, especialmente la represión en el estallido social del 2019. Se teme que haya un aumento de la violencia policial, el abuso y la impunidad de los crímenes.
En el caso de Ecuador, los anuncios se hicieron en el marco del juicio político que inició contra el presidente por malversación de fondos públicos. Es decir, el presidente atraviesa un momento de deslegitimidad y fuerte cuestionamiento. Centralmente, la habilitación a la portación de armas de fuego causa preocupación ya que más que prevenir el delito y la violencia parece una medida para incentivarlos.
La oposición salió a discutir la medida implantada. El ex presidente Rafael Correa remarcó que, durante su gobierno y con la prohibición a portar armas, Ecuador era el segundo país más seguro de la región pero los sucesivos gobiernos neoliberales (Lenin Moreno primero y ahora Lasso) destrozaron la verdadera seguridad y estabilidad alcanzada. Asimismo, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leonidas Iza, expresó que la libre portación de armas fomentará la aparición de grupos paramilitares.
Las imágenes de la megacárcel de Bukele en El Salvador recorrieron el mundo, sin dudas fue una puesta en escena que buscaba llamar la atención y provocar la discusión. Pero la preocupación por el autoritarismo y la violación de derechos humanos es cierta. Lejos de ser una cárcel que permita la reinserción y resocialización de los presos, hay una estigmatización, prácticas de tortura y deshumanización.
No obstante, Bukele mantiene una alta popularidad y apoyo. La puesta en escena de la nueva cárcel le ha servido para ser reconocido como el que, aparentemente, terminó con las maras y bandas criminales.
Si bien en Honduras se ha equiparado el anuncio de Xiomara con Bukele, sus medidas son distintas. La presidenta Castro se distanció al señalar el respeto a los derechos humanos. El objetivo no es meter a cientos de personas presas sólo porque tengan tatuajes y tratarlas como si no fueran humanos. Lo que se busca son medidas que logren ser efectivas y que al mismo tiempo se distancien de aquella “mano dura” que imponía el Estado anteriormente pero que era falsa ya que tenía fuertes lazos con el narcotráfico, de ahí que se hablara del narcoestado.
