Por Ariela Ruiz Caro*
El 28 de marzo las fuerzas de oposición del Congreso fracasaron por segunda vez en su intento de destituir al presidente, Pedro Castillo. De los 87 votos necesarios para la vacancia, solo obtuvo 55 a favor, 54 en contra y 19 abstenciones. El primer intento había tenido lugar el 21 de diciembre, pero los votos no alcanzaron para que se admitiera a debate.
La moción debatida en el Congreso cuestionó al presidente por presuntos actos de corrupción que están siendo investigadas por la Fiscalía de la Nación contra varios miembros que formaron parte de su gabinete ministerial, así como denuncias sobre la existencia de un “gabinete paralelo”, posibles favoritismos a favor de empresas vinculadas a su entorno por parte de la estatal Petroperú, entre otros.
La acusación para destituir al presidente se realizó al amparo de la imprecisa figura de “incapacidad moral permanente” prevista en el artículo 113 de la Constitución. Esta no contempla la vacancia por delitos mientras el presidente se encuentra en funciones. Este sólo puede ser destituido por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; entre otros aspectos puntuales.
La vacancia por incapacidad moral permanente se ha utilizado recurrentemente desde 2016 cuando Pedro Pablo Kuczynski le ganó por 0,24% de los votos a Keiko Fujimori, margen similar con el que Castillo también la derrotó. Esta figura legal puede ser fácilmente usada cuando se cuenta con las alianzas políticas que permiten lograr 87 votos (del total de 130 congresistas), necesarios para vacar a un presidente.
Desde que Castillo asumió el poder el 28 de julio de 2021, los sectores de la derecha no lo reconocieron como ganador legítimo en un balotaje calificado como limpio por todas las misiones internacionales de observadores, e hicieron de su destitución su bandera. La campaña se hizo desde el Congreso y mediante la organización de marchas ciudadanas que lo acusaban de fraude. Esta fue acompañada desde el exterior por la Fundación Internacional para la Libertad, presidida por Mario Vargas Llosa, quien con total desparpajo insinuaba fraude cuando ya Castillo era presidente.
La legítima victoria de Pedro Castillo sobre Keiko Fujimori por un estrecho margen (0,2% de los votos) en la segunda vuelta electoral se dio en una competencia desigual en la que el profesor se enfrentó a las garras del poder mediático que advertía sobre las confiscaciones a la propiedad que conllevaría el triunfo del comunismo. Su discurso popular de izquierda, durante la campaña, estuvo cargado de una impronta conservadora en materia de respeto a los derechos sociales de las minorías LGTB. Pero la participación del partido de Verónika Mendoza en el gobierno –que tuvo a su cargo el ministerio de la Mujer e Inclusión Social– permitió imprimir una visión de enfoque de género en la educación y tolerancia a las minorías. Sin embargo, la elección de su primer presidente del consejo de ministros, Guido Bellido, militante de Perú Libre, no fue una elección adecuada. Se requería una figura de amplia convocatoria para enfrentar los coletazos de ahogado de Keiko Fujimori que, junto a los partidos de derecha, se resistían a reconocerlo.
En ese primer gabinete, que contó con cuatro miembros del partido de Mendoza, hubo ministros cuestionados, incluido el propio premier Bellido, por supuestas vinculaciones con el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), brazo político del movimiento terrorista Sendero Luminoso. Presionado por la oposición, Castillo reemplazó al gabinete Bellido en octubre y conformó el segundo gabinete presidido por Mirtha Vásquez, abogada ambientalista, presidenta del Congreso durante la gestión del expresidente Francisco Sagasti, y miembro del Frente Amplio, un mínimo partido de izquierda, quien le imprimió estabilidad al gabinete ya que salieron algunos de los ministros cuestionados. Pero no fue suficiente.
Castillo no gobernó con transparencia, recibió a empresarios en su domicilio particular, fue denunciado por el otorgamiento de licitaciones estatales en favor de allegados y de cobros para los ascensos policiales. La premier Mirtha Vásquez fue perdiendo autoridad frente a un presidente que solo tomaba en cuenta a su círculo de asesores, algunos de los cuales estarían involucrados en actos de corrupción, según señaló Vásquez al momento de renunciar.
Lo propio ocurría con el ministro del Interior, Avelino Guillén, el prestigioso fiscal supremo que sustentó la acusación contra el expresidente Fujimori y una de las figuras más respetadas del gabinete. Guillén condicionó su permanencia en el cargo al retiro de algunos altos mandos policiales sospechados de realizar los cobros por los ascensos. Su renuncia gatilló la de la premier Vásquez y dio lugar a una crisis.
El 1º de febrero Castillo formó un tercer gabinete presidido por Héctor Valer, un congresista electo por el ultraderechista partido Renovación Popular de Rafael López Aliaga y confeso miembro del Opus Dei –aunque dicha organización lo ha negado–. Durante la campaña electoral, Valer advertía que no había que votar por Castillo porque el comunismo traía pobreza y miseria. Pero al juramentar su cargo como congresista, en julio, discrepó de los intentos golpistas de su partido y de los de oposición a Castillo y dijo que había que respetar los resultados electorales. Así, fue expulsado de Renovación Popular y más tarde formó una agrupación, Perú Democrático, con disidentes del oficialista Perú Libre.
El efímero tercer gabinete expresó una corriente política conservadora con respecto a los derechos ciudadanos, ortodoxa en el manejo económico y contraria a las pocas reformas que se hicieron en gobiernos anteriores para mejorar la educación universitaria y el sistema de transporte público. Este fue reemplazado rápidamente por el actual, presidido por el premier Aníbal Torres, quien tenía a su cargo, desde el inicio del gobierno, el ministerio de Justicia. El Ministerio de Economía y Finanzas continúa a cargo de un funcionario ortodoxo de carrera.
El nivel de desaprobación (68%) de Castillo está en caída libre, pero el del Congreso es aún mayor (79%). Hay una crisis de representatividad política, en medio de la cual, la macroeconomía se mantuvo estable hasta antes del inicio de la guerra en Ucrania. Se pudo contener la inflación, reducir el déficit fiscal a 2.6% –el más bajo de la región–, canalizar mejor los programas sociales, frenar la fuga de dólares y controlar la pérdida de valor de la moneda. Perú es importador neto de alimentos y de petróleo y el impacto será inevitable a pesar de los buenos precios de sus principales productos de exportación, cobre y oro. Precisamente en estos momentos afronta un paro de transportistas y agricultores en distintos puntos del país afectados por los precios de combustibles y fertilizantes.
Los hechos recientes erosionan la promesa de poner fin a la corrupción y al neoliberalismo que caracterizaron a los gobiernos durante las tres últimas décadas. La gobernabilidad y estabilidad política en el Perú corren el riesgo de derrumbarse como un castillo de naipes debido, también, a fallas en el régimen político de la Constitución.
* Economista especialista en comercio, integración y recursos naturales en la CEPAL, SELA, ALADI, entre otros. Ha sido funcionaria de la Comunidad Andina, asesora de la presidencia de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR y Agregada Económica de la Embajada de Perú en Argentina. Es analista del Programa de las Américas y columnista del diario La República.
