Newsletter Economía y Pandemia
La pandemia de COVID-19 va a servir como una bisagra en una serie de cambios a nivel mundial. Sirve para marcar de manera tajante el fin de la hegemonía estadounidense, el ascenso de China y un nuevo orden multipolar y el abandono de la globalización neoliberal como único modelo de integración mundial. Pero fundamentalmente es un tiempo para reflexionar sobre el rol del Estado en el bienestar de la población y qué medidas deberá adoptar durante y después de la pandemia. Deuda externa, Ingreso Básico Universal e Impuesto a las grande riquezas, son tres temas que resuenan en nuestro país y en muchos otros, como algunos primeros rasgos del modelo del siglo XXI. En el newsletter pasado tocamos el tema de la deuda exterior argentina. En este hablaremos de una propuesta del PNUD para la implementación de un Ingreso Básico Temporal durante la pandemia, pero que puede servir de ejemplo para lo que vendrá.
No es nuevo decir que, producto de la crisis desatada por el Covid-19, millones de personas alrededor del mundo caerían en la extrema pobreza. El FMI proyectó en abril una disminución del 3% del PBI mundial mientras que el Banco Mundial vaticinó una contracción del 5,2% y entre 70 y 100 millones de personas arrastradas a la pobreza. La ONU estima que la crisis podría llevar a 265 millones de personas al borde de la inanición. Ante esta situación, se han puesto en práctica diferente planes, proyectos y paquetes de ayuda.
Recientemente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dependiente de la ONU, publicó un informe en el que exige la implementación de un Ingreso Básico Temporal (IBT) para asistir al tercio más pobre y vulnerable de la población durante lo que dure la pandemia. El PNUD se presenta como la principal organización de la ONU que lucha en pos del desarrollo humano erradicando la pobreza, las desigualdades y el cambio climático. A causa de la pandemia, el PNUD predice que el desarrollo humano mundial disminuirá por primera vez desde que se introdujo el concepto.
El organismo internacional reconoce que la crisis acentuó desigualdades preexistentes y que los países en desarrollo están menos capacitados para enfrentar la crisis. Se calcula que en estos países 7 de cada 10 trabajadores deben salir de sus casas para ganar dinero y no es posible que se adapten al conocido formato de home office. A esto se le suma que, por pertenecer a un mercado laboral informal, estas personas no son alcanzadas por los programas de seguro social, por lo tanto el fortalecimiento de políticas sociales ya existentes no las contempla. Se estima que en el primer mes de la crisis los ingresos de los trabajadores informales se contrajeron un 82%. Por otra parte, algunos factores de riesgo (como la hipertensión o la diabetes) son más frecuentes en sectores sociales bajos. La vulnerabilidad aumenta al tener peores condiciones de vida, como falta de agua potable y centros de salud cercanos. El Ingreso Básico Temporal ayudaría a lograr un mayor acatamiento de la cuarentena y del distanciamiento social en los sectores sociales más perjudicados. Además, el administrador del PNUD Achum Steiner presentó al ingreso básico temporal como una herramienta para inyectar efectivo en la economías locales y afirmó que “los planes de rescate y recuperación no pueden centrarse solamente en los grandes mercados y las grandes empresa.”
El Ingreso Básico Temporal no es universal, sino que está dirigido a personas con medios de subsistencia por debajo del umbral de pobreza y personas que ya no son pobres pero enfrentan un riesgo considerable de caer en la pobreza. Este grupo de beneficiarios potenciales se define según los criterios del estándar de vida de cada región. Para Europa, Asia Central, América Latina y el Caribe se considera vulnerables a aquellas personas con ingresos inferiores a $13 dólares por día; en países de Asia Oriental, el Pacífico, Oriente Medio y África del Norte el límite del umbral es de $5,50 por día; y en el sur de Asia y África subsahariana quienes viven por debajo de $3,20 por día. Por otra parte, el IBT no implica condiciones de comportamiento, cómo puede ser la búsqueda de trabajo. Otra característica a resaltar es el carácter individual del IBT, independiente de la composición del hogar. Esto intenta evitar la suposición de economías de escala y la discriminación no intencional dentro del hogar que podría perjudicar a las mujeres. En este sentido, el informe reconoce que la pandemia acentuó las desigualdades de género ya que el empleo femenino es el más afectado y las tareas de cuidado han aumentado su carga. En cuanto a la duración de esta medida se plantea entre 3 a 9 meses.
El informe propone tres opciones para el modo de pago del IBT: sumas complementarias a los ingresos promedio actuales hasta llegar al umbral de vulnerabilidad, transferencias de una suma igual a la mitad de la mediana del ingreso per cápita hogareño y transferencias uniformes de un monto de 5,5 dólares por día, independientemente de dónde viva alguien en un país.
Tres desafíos de implementación:
Cómo ya dijimos, esta propuesta busca alcanzar a los sectores sociales normalmente excluidos. La mayoría de los países tienen amplios sectores que no tienen acceso a una cuenta bancaria o cuentas de dinero móvil, muchas veces por no contar con documentación formal o por vivir en áreas remotas o asentamientos informales.
En ese sentido uno de los más grandes obstáculos es administrativo y digital: ¿Cómo llegar a esas personas que no están incluidas en el registro administrativo y sistemas de pago existentes? La aplicación del IBT implicaría necesariamente una campaña de registro digital. Esto es precisamente lo que varios países han comenzado a hacer desde la crisis de Covid-19. Otra opción que se menciona en la propuesta, es la asociación con redes sociales locales que tienen una mayor proximidad a los sectores excluidos.
Un segundo desafío se relaciona al modo de financiación. El PNUD estipula que la implementación del Ingreso Básico Temporal costaría unos 199.000 millones de dólares al mes para al menos 2.700 millones de personas en un total de 132 países, cantidad que considera “abultada” pero “asumible”. Dejando de lado la implementación de nuevos impuestos, el informe del PNUD propone la reutilización de tres recursos existentes: los recursos fiscales dirigidos al pago de la deuda externa, reutilizar los subsidios a la energía y autofinanciación a través de posibles efectos multiplicadores de transferencias temporales de efectivo que se recuperarán parcialmente a través de impuestos directos e indirectos. La mayor parte de los recursos proviene de la reutilización de los pagos del servicio de la deuda externa a través de una parada integral de la deuda. Este bloqueo debe ser transparente para los acreedores, deudores y ciudadanos, tanto en servicios como en gastos, para evitar un mal uso del dinero. El segundo grupo de recursos, los subsidios energéticos tanto para los consumidores como para los productores, ya ha sido reutilizado por muchos países ya que el petrolero cayó por debajo de $ 20 por barril en marzo. Por último, las transferencias de efectivo de emergencia tienen efectos multiplicadores fiscales ya que se dirigen hacia el consumo inmediato de alimentos y productos esenciales. Parte de este efecto será capturado por los impuestos directos e indirectos durante los siguientes meses, proporcionando así un grado de autofinanciación.
El último desafío de implementación contemplado es político: ¿Quién se beneficia del IBT, y cómo eso formará una coalición política a favor y en contra? ¿Cómo se desarrollará un IBT después de la emergencia? El IBT es una señal de determinación política de una sociedad para prosperar o sobrevivir durante una crisis aguda. Implica agregar más beneficiarios al sistema de asistencia social existente sin expandir necesariamente las fuentes de financiamiento. Por otro lado, algunos gobiernos pueden señalar un puente explícito entre IBT y una futura política de ingresos mínimos (como comunicó el gobierno español), pero otros gobiernos lo tomarán como una política de emergencia sin esperar un apoyo continuo. El informe concluye que los desafíos políticos deben abordarse país por país.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo aclara que la implementación del Ingreso Básico Temporal no resuelve la necesidad de construir un sistema de asistencia social y seguro social que sea equitativo, desafío clave al que se enfrentan la mayoría de los países. “La idea de un ingreso básico temporal surge de un conjunto de respuestas sin precedentes a una crisis sin precedentes.”
¿Cómo está respondiendo Argentina?
Algunos países ya están llevando a cabo políticas que implican transferencias en efectivo como las que propone el PNUD. En la Argentina se implementó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que llega a casi 9 millones de personas siendo la política con mayor cobertura en el continente. El IFE presenta varios elementos que promueve el organismo con la propuesta del Ingreso Básico Temporal: se dirigen a hogares vulnerables con ingresos inestables, no está condicionada por la composición familiar y no establece condiciones de uso. Al mismo tiempo, el IFE es compatible con otro tipo transferencias de ingreso, como la Asignación Universal por Hijo que alcanza alrededor de 16 millones de familias. Además, el Estado argentino implementó políticas de carácter temporario frente a la crisis, como por ejemplo el pago extraordinario en la tarjeta Alimentar,
En cuanto a la financiación de las ayudas sociales, el IFE es una de las políticas que más esfuerzo fiscal significó para el Estado. Los primeros pagos tuvieron un costo cercanos a los $130 mil millones de pesos. Sin embargo, debemos recordar que el gobierno argentino tiene poco espacio fiscal. En este sentido los términos en los que se de la renegociación de la deuda externa es clave para el financiamiento de estas políticas. El ministro de economía Martin Guzmán aseguro que cumplir con lo que piden los acreedores compromete las políticas públicas que el país necesita. Los dichos de los organismos internacionales como el FMI y la ONU sobre la insostenibilidad de la deuda argentina y el respaldo a la oferta argentina, tienen un papel importante a la hora de sentarse a negociar. Como dijo Guzmán “no hay deudores irresponsables sin acreedores irresponsables.”
El gobierno argentino dio a conocer que avanza con el proyecto para reconvertir el IFE, que inicia su tercera ronda en agosto, en un Ingreso Básico Universal que pretende alcanzar a 3 millones de personas, el tercio más vulnerable de quienes ya perciben el ingreso familiar. El monto de esta nueva política sería el equivalente a un salario mínimo ($16.875 de pesos = 234 dólares), lo que lo ubica entre las dos cantidades recomendadas por el informe – 156 dólares como suma complementaria hasta el umbral de vulnerabilidad o 253 como mitad de la mediana del ingreso per cápita hogareño. Este anuncio fue acompañado con el relanzamiento del el programa Potenciar Trabajo. El objetivo es poder reemplazar los programas de asistencia por trabajo social garantizado en sectores productivos como la producción textil o infraestructura, reactivando la economía de abajo hacia arriba.
