Una “Cumbre de la Democracia” sin China ni Rusia

Una “Cumbre de la Democracia” sin China ni Rusia

por Gustavo Girado para La Ruta China

La administración Biden convocó a una “Cumbre por la Democracia” para el 9 y 10 de diciembre de la que participarán 110 países. ¿Qué lugar tiene esta cumbre en la estrategia geopolítica norteamericana?

En las últimas horas las agencias de noticias más importantes han dado cuenta de un evento convocado por la administración estadounidense, dado en llamar “Cumbre por la Democracia”, a realizarse en forma virtual y para el cual ha invitado a una serie de “participantes”. En breve se explican las comillas. El encuentro será virtual y tendrá a lugar el 9 y 10 de diciembre. Según se anunció oficialmente, será un espacio para que dialoguen entre sí los líderes y puedan anunciar diversos compromisos e iniciativas que sean funcionales a la defensa del sistema democrático. Pero no estarán todos los líderes, como tampoco todos los países. Desde el mismo instante en que la convocatoria se hizo pública, llamó la atención que de los casi dos centenares de economías reconocidas por la ONU, solamente hayan sido invitadas algo más que la mitad. Por supuesto, se puso la atención inmediatamente sobre los ausentes, más que en los invitados (que serían 110 en total). Las líneas que siguen son un intento de especular sobre ciertas ausencias y presencias.

Por ejemplo así como China no fue invitada, al igual que Rusia, aquella expresó su firme oposición a la decisión de invitar a la autoridad que gobierna Taiwán, invitación que constituye un movimiento provocador que desafía la soberanía de China ya que se trata de una invitación oficial emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Pero no solamente aparecen esos gestos políticos. La lista de convocados y, más importante, la de no convocados, pone en evidencia que no es precisamente la vigencia de valores democráticos el eje convocante: las agencias de prensa destacan que hay aliados árabes tradicionales como Egipto, Arabia Saudita, Jordania, Qatar o Emiratos Árabes Unidos, que no aparecen invitados, así como tampoco Venezuela, Cuba y Nicaragua, además de China y Rusia, que son los no-invitados de lujo. El hecho de que tampoco aliados regionales como Singapur o Bolivia, que hace poco celebrara elecciones, despeja dudas sobre lo interesado de la convocatoria norteamericana.

Para el caso chino, en efecto y en un delicado equilibrio diplomático, la convocatoria al encuentro virtual fue realizada a “participantes” y no a “países”, lo que no parece suficiente para evitar poner en duda la voluntad de la administración Biden de continuar manteniendo la política de “una sola China”, compromiso asumido hace décadas por EE.UU. al momento de promover y alentar la participación de la República Popular China en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ocupando así el lugar de Taiwán (hecho del cual se conmemoró recientemente el aniversario). Al respecto ameritan al menos una serie de consideraciones que podrían poner algo de luz en las razones para que la iniciativa tengas estas características. Por un lado, diversas comisiones del Congreso norteamericano continúan (tal y como lo hicieran en tiempo de Donald Trump) alentando diversas legislaciones ferozmente anti-chinas, sin ambages, y esta convocatoria podría eventualmente poner al Ejecutivo norteamericano del lado del Congreso, alineándose, luego del encuentro virtual ente Xi y Biden, que intentara poner paños fríos sobre una importante cantidad de temas que los tienen enfrentados. Los halcones de ambos partidos, agradecidos.

Por otro, el reverdecer del QUAD (acuerdo político entre EE.UU. Japón, India y Australia) en virtud del sorpresivo armado del AUKUS (acuerdo militar entre Gran Bretaña, Australia y EE.UU.) pone nuevamente los ojos de los analistas en el nuevo perfil de la política de EE.UU. sobre el Pacífico, ostensiblemente pensada para mostrar los dientes y obligar a China a acciones de tipo defensivo. Soslayar a China y Rusia de un encuentro entre “participantes democráticos” no hace sino debilitar aún más los caminos del entendimiento entre algunas de las economías más poderosas del globo, en este caso afectando valores y consideraciones políticas. En todo caso, no es solamente el QUAD lo que ha revivido: la administración Biden revive una vieja práctica como lo es la de promocionar y promover los estándares estadounidenses de democracia a nivel mundial, en suma, un golpe de timón del principal representante de las democracias liberales de occidente, ante la sensible pérdida de hegemonía en algunos sectores.

De todo el entramado, queremos destacar algo en particular, al menos a primera vista, en virtud del mencionado encuentro entre los presidentes, y es que esta invitación es especialmente útil a los intereses de los secesionistas taiwaneses. Entendemos que se corre un serio riesgo de arruinar cualquier posible recuperación de los vínculos entre China y EE.UU., que se estaban pretendiendo más intensos con la idea de “bajar los decibeles” ante la importante serie de encontronazos de diversa índole que vienen manteniendo, y arruinar una mejora potencial en la cooperación entre ambos gigantes. Conocida la especie, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, advirtió que “aquellos que jueguen con fuego con las fuerzas de la ‘independencia de Taiwán’ terminarán quemados”, según relatan diversas agencias. Ese discurso permite, claro, anclarlo con una discusión más de fondo, desde donde el portavoz indicó que “la democracia es un valor común de toda la humanidad, no la patente de unos pocos países”, poniendo en evidencia que Estados Unidos utilizaría al sistema democrático como herramienta para avanzar en sus objetivos geoestratégicos.

Cuando la diplomacia norteamericana trabaja en ese sentido, no parece que quiera lograr un equilibrio ya que mientras muestra su voluntad de usar la “Carta Taiwán” todas las veces que lo considere necesario, alentando las divergencias con la República Popular China, simultáneamente alienta a quienes gestionan la isla y pretenden su independencia. Desde la autoridad del partido en el gobierno en Taiwán -DPP- hasta los medios de comunicación de la isla, se refieren insistentemente a la “sólida asociación” entre la isla y Estados Unidos, aunque Biden haya declarado abiertamente que su país no apoya la “independencia de Taiwán” después de su reciente reunión virtual con Xi Jinping. Más contradictorio aún, durante la semana se difundió que el KMT -principal partido de oposición en la isla- se prepara para abrir una oficina de representación en EE.UU., y su presidente, Eric Chu, planea visitar los EE.UU. la próxima primavera. Mensajes más contrarios al interés de la República Popular China, imposible y que tienen incluso una traducción material: el 4 de noviembre pasado los senadores republicanos presentaron un proyecto de ley denominado “Ley de Disuasión de Taiwán”, que pretende otorgar 2 mil millones de dólares anuales en subvenciones y préstamos militares a Taiwán, hasta 2032. Congreso y Ejecutivo norteamericano avanzando en el mismo sentido en rumbo de colisión con el gigante asiático.

Pueblo, historia y justicia. A raíz de las elecciones en Honduras

Pueblo, historia y justicia. A raíz de las elecciones en Honduras

por Florencia Tursi Colombo

El día que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asumió su cargo como presidente de México sucedió un hecho que pasó inadvertido pero que es de gran significado. En el trayecto hacia la asunción, un joven en bicicleta alcanzó el auto en el que iba y le dijo una frase que luego, el electo presidente, contó en su primer discurso: “tú no tienes derecho a fallarnos”

En un acto similar, el día en que Alberto Fernandez asumió la presidencia de la Argentina, la electa vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner (CFK) le dijo en la plaza frente a miles “tenga fe en el pueblo y en la historia. La historia la terminan escribiendo, más tarde o más temprano, los pueblos. Sepa que este pueblo maravilloso nunca abandona a los que se juegan por él”.

El miércoles pasado, CFK hizo pública por twitter una parte de la conversación que mantuvo con Xiomara Castro luego de que se confirmara su victoria electoral y que se convertirá en la primera presidenta de Honduras, “finalmente, mi querida compañera y amiga Xiomara, más tarde o más temprano, el pueblo y la historia siempre hacen justicia”.

Las elecciones en Honduras

El pasado domingo 28 de noviembre hubo elecciones en Honduras para elegir presidente/a, 128 diputados/as titulares y 128 suplentes, 298 alcaldes, 2096 regidores y 20 diputados/as del Parlamento Centroamericano.

Los resultados arrojaron una contundente victoria de Xiomara Castro del Partido Libre, con una ventaja de 20 puntos porcentuales sobre el candidato Nasry Asfura del Partido Nacional, sucesor del actual presidente Orlando Hernández. 

Xiomara encabezaba la intención de voto semanas antes de la elección. Sin dudas, la campaña de Asfura denunciando la amenaza comunista no funcionó.

Un hecho destacable fue la alta participación electoral que superó al 68% del padrón electoral. 

Para diputados/as, el Partido Libre también encabeza la elección aunque no obtendrá mayoría propia. Libre se quedaría con 52 diputados/as pero podría llegar al quórum y mayoría simple con el apoyo del Partido Salvador de Honduras (PSH), juntos sumarían 65 diputados/as. El Partido Nacional se habría quedado con 42 diputados/as y el Partido Liberal con 21.

La historia

En 2009 se produjo el golpe de estado contra el presidente Manuel Zelaya, esposo de Xiomara Castro. Aquel fue identificado, algunos años después, como el primer golpe de una oleada de golpes y lawfare en la región, como el golpe contra Fernando Lugo en Paraguay en 2012, el impeachment contra Dilma Rousseff en Brasil en 2016 y el lawfare en Ecuador contra Rafael Correa, en Brasil contra Lula da Silva y en Argentina contra CFK.

Todos/as aquellos/as líderes/lideresas habían encarnado profundas transformaciones en sus países que ampliaban derechos a sectores sociales habitualmente excluidos. 

Los golpes o los procesos de lawfare fueron el camino abierto por las derechas para recuperar el poder político y revertir dicha ampliación de derechos.

En Honduras, el golpe que desplazó a Zelaya se hizo con apoyo de las Fuerzas Armadas e implicó la suspensión de libertades, la persecución y asesinato de líderes sociales y la criminalización de la protesta social. 

De hecho, en el último año hubo en Honduras 31 asesinatos por motivos políticos, a lo que se le suma las denuncias de corrupción y los lazos de la política con el narcotráfico, al punto tal que se habla del “narco-Estado”.

El golpe del 2009 afectó, sobre todo, al bipartidismo, los dos partidos tradicionales, el Liberal y el Nacional comenzaron a fragmentarse y su legitimidad se deterioró. El Partido Nacional ganó las elecciones de 2009 y también los comicios generales de 2013 y de 2017 con Orlando Hernández como presidente, para lo cual tuvo que infringir la Constitución ya que prohíbe la reelección.

El pueblo

En 2019 hubo una oleada de manifestaciones en la región, las más significativas fueron las de Chile. Pero también hubo protestas en Colombia, en Ecuador, en Perú y en Brasil.

En Honduras, en octubre del 2019, también hubo una oleada de protestas que pedían la renuncia del presidente Orlando Hernández, luego de que se descubriera que el hermano del presidente recibía dinero del narcotráfico. Esas protestas encontraban un antecedente en 2017, luego de las elecciones presidenciales de aquel año, miles salieron a las calles para denunciar fraude.

Al mismo tiempo se dio la aparición de un nuevo partido en el escenario político, el Partido Libre, Libertad y Refundación, que comenzó a crecer de la mano del quiebre del bipartidismo y la creciente insatisfacción social expresada en las calles. 

Asimismo, este año, con motivo de celebrarse el bicentenario de la independencia, los/as hondureños/as se movilizaron contra el gobierno para reclamar por la situación de pobreza, además señalaban que el país no vive en una “verdadera independencia”. 

Paradójicamente, el golpe del 2009 que buscaba clausurar la política popular provocó en el pueblo el efecto contrario, el interés por participar, movilizarse y reclamar elecciones democráticas, de aquí la alta participación electoral en estas elecciones. Sin olvidar, por supuesto, la contracara de todo esto que fue el aumento de la pobreza y la desigualdad y la consecuente migración de cientos de hondureños/as hacia EEUU.

La justicia

Xiomara Castro ganó la elección presidencial con más del 53% de los votos. Aunque aún no se han contabilizado todos los votos debido a la lenta llegada de las actas, la tendencia es irreversible y la diferencia con el segundo alcanza los 20 puntos porcentuales. 

Xiomara fue una figura central en las movilizaciones luego del golpe del 2009 encabezando la crítica a la oligarquía hondureña y posicionándose como la líder del Partido Libre, así fue acumulando capital político. Fue candidata presidencial en 2013 aunque quedó en segundo lugar, con 28,8% de los votos y volvió a intentarlo en 2016, pero abandonó la carrera en favor de Salvador Nasralla, líder de la Alianza de Oposición contra Hernández aunque el ya mencionado fraude manchó la elección. 

La campaña de Xiomara con el lema “es pa’fuera que se van”, se centró en el rechazo al modelo neoliberal, la corrupción y el narco-Estado. En cambio, propuso un “socialismo democrático”, dar un rol central a las mujeres, buscando erradicar la violencia de género y algunas medidas o gestos simbólicos como la venta del avión presidencial el cual representa un lujo ante una población empobrecida.

Una coalición de partidos y alianzas han acompañado a Xiomara, como Nasralla quién se sumó a la fórmula en calidad de primer vicepresidente, también Milton Benítez de Honduras Humana. 

Por un lado, el voto a Libre es un voto castigo contra el régimen de Hernández, pero por el otro lado, es la apuesta a una coalición amplia que presenta un proyecto alternativo. 

El desafío que se abre para Xiomara y para el Partido Libre es si podrán cumplir con las expectativas del pueblo.  

Informe Electoral | Elecciones Presidenciales Chile 2021

Informe Electoral | Elecciones Presidenciales Chile 2021

Este domingo 21 se desarrollaron las elecciones presidenciales, de senadores, diputados y consejeros regionales en Chile, con una participación del 47,34% del electorado, que corresponde a 7.115.590 de electores de un total de15.030.973 habilitados para la votación.

Desde el equipo del Observatorio del Sur Global presentamos un nuevo informe electoral con el análisis del contexto de los comicios, los distintos cargos y partidos en competencia, el perfil y programas de los candidatos y candidatas, las particularidades del mecanismo de voto en Chile, el avance en la incorporación de la cuota de género y las claves para pensar el escenario y los resultados en el marco del proceso constituyente y de cara al balotaje de diciembre.

Las urnas ratificaron el poder territorial del chavismo

Las urnas ratificaron el poder territorial del chavismo

por Pablo Macia

El pasado domingo 21 se celebraron elecciones regionales en Venezuela en las que se eligieron los 23 Gobernadores y 253 legisladores estatales de las entidades federales del país, sumado a los 335 alcaldes 2671 concejales. Con el 99,20 por ciento de las actas transmitidas, la participación ciudadana en los comicios aumentó a 42,26 por ciento, según lo expresó el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Pedro Calzadilla, en el segundo boletín oficial presentado la mañana del lunes 22.

Los resultados arrojaron que de las 23 Gobernaciones en disputa, 21 cargos son adjudicables de forma irreversible y se distribuyen en: 18 para la alianza del Gran Polo Patriótico (GPP), dos para la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y uno para Fuerza Vecinal.

Las gobernaciones ganadas por los candidatos y candidatas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que integra al GPP, corresponden a los estados de:

Anzoátegui (46,15 %), Aragua (51,62 %), Bolívar (42.07 %), Carabobo (54.85 %) Falcón (43.24 %), Guárico (47.15 %), Lara (46.18 %), Mérida (40.64 %), Miranda (48.28 %), Monagas (46.04 %), Portuguesa (45.70 %), Sucre (47.06 %), Táchira (41.11 %), Trujillo (41.59 %), Yaracuy (46.48 %), Amazonas (40.23 %), Delta Amacuro (60.55 %) y La Guaira (50.16 %).

Por otra parte, los candidatos de la MUD obtuvieron la victoria en los estados Cojedes con José Alberto Galíndez (48.28 %) y el estratégico estado de Zulia (sede de importantes yacimientos petroleros, el más poblado del país y fronterizo con Colombia) con Manuel Rosales (56.13 %). Mientras tanto, el estado de Nueva Esparta quedó a cargo de Morel Rodríguez de Fuerza Vecinal (42.48 %).

Por otro lado, el Consejo Nacional Electoral Nacional (CNE) indicó el lunes que hay dos estados en los que el conteo rápido no da una tendencia irreversible y por ello se esperará al conteo definitivo. Se trata de la gobernación del estado de Apure en el que el representante de Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Eduardo Piñate ha obtenido 76.279 votos (44,17 %) que lo sitúa por delante del candidato opositor Luis Llipa, que ha obtenido algo menos del 42 %.

El otro estado en disputa es el de Barinas, en el que el CNE aún no ha aportado los resultados finales del recuento. El jueves, la junta regional de Barinas ya había adjudicado los cargos de alcaldes o alcaldesas de 11 de los 12 municipios del estado, faltando tan sólo el cargo de gobernador y el de alcalde o alcaldesa del municipio Arismendi, al que corresponden las actas faltantes. Las condiciones complejas de los sitios inhóspitos a las que corresponden las actas faltantes y el acercamiento del vencimiento de los tiempos legales establecidos, determinaron que se encargue a la Junta Electoral Nacional la totalización de las actas que restan contabilizar en ese distrito.

En cuanto a las 335 Alcaldías en disputa, el rector principal del CNE informó que 322 son adjudicables, de las cuales 205 corresponden al GPP, 59 a la MUD y 37 a la denominada Alianza Democrática y 21 a otras agrupaciones políticas.

Por otro lado, el viernes 26 de noviembre, se llevó a cabo la elección por la representación indígena a los consejos legislativos y concejos municipales en ocho entidades del país. Un total de 4.334 voceros y voceras de los pueblos y las comunidades indígenas de Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre y Zulia, eligieron 69 concejalas y concejales, así como 8 legisladoras y legisladores a los consejos legislativos.

Según informó el Consejo Nacional Electoral, el lunes 29 de noviembre, a partir de las 9:00 am, se efectuará la Auditoría de Datos de Electoras y Electores fase II, dentro del cronograma de las Elecciones Regionales y Municipales 2021 en el que se establecerán los datos definitivos de la elección. La misma será transmitida en directo a través de CNETV, el canal del Poder Electoral en internet.

Implicancias de la elección

Las elecciones de alcaldes y gobernadores del 21 de noviembre constituyen un paso importante en la institucionalización política de Venezuela a partir de la participación de las fuerzas de oposición luego de tres años de boicot electoral. De esta manera se reafirman los acuerdos trazados el pasado 13 de agosto en el memorando de entendimiento de los representantes del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de la Plataforma Unitaria de Venezuela.

El memorándum de entendimiento entre el Gobierno y la oposición firmado en México y con la mediación de Noruega, plantea las garantías electorales y un cronograma electoral que se viene cumpliendo regularmente, sumado al levantamiento de las sanciones y la restauración del derecho a los activos de Venezuela en el extranjero, así como también el respeto al Estado Constitucional de Derecho y la convivencia política y social en el país, entre otras cuestiones.

En cuanto a la participación en las elecciones, el analista Atilio Borón recuerda que desde 1984 el voto dejó de ser obligatorio por un acuerdo entre las dos principales fuerzas políticas de la época: Acción Democrática y la Democracia Cristiana. En este aspecto, si bien el proceso de movilización política iniciado por el Chavismo, que alcanzó niveles de participación por encima del 80% venía decreciendo (recordemos además que el país celebró 29 elecciones en 22 años), es necesario tener en cuenta el contexto de la pandemia de la Covid-19, el abstencionismo de la oposición en los últimos años y las consecuencias económicas del bloqueo. Visto de esta forma, el porcentaje de participación en la elección fue comparable con el de otros países, y la abstención de algunos sectores puede deberse al cansancio, apatía, desinterés, triunfalismo, rebeldía, desesperanza o a la grave situación económica vivida.

Las urnas ratificaron el poder territorial del chavismo, que se quedó con 20 de las 23 gobernaciones, ganándole a la oposición las de Anzoátegui, Mérida y Tachira. La atomización y las luchas entre las fuerzas opositoras, facilitó el triunfo del Gran Polo Patriotico, aunque todas juntas sacaron unos 700 mil votos más que el oficialismo. De todas formas consiguieron arrebatarle al chavismo el estratégico estado de Zulia, el más poblado del país.

Con respecto a las delegaciones internacionales de veeduría, el CNE afirmó que los representantes del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA), el Observatorio de Asuntos Latinoamericanos de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (COPPPAL), la Asociación Nacional de abogados de los Estado Unidos (National Lawyers Guild) y la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, coincidieron en manifestar que el sistema automatizado de votación venezolano es confiable y robusto.

La Misión de Observación Internacional Electoral del Parlamento del MERCOSUR, elaboró un informe preliminar que se nutre de la información recabada desde el 16 de noviembre, día en que la Misión se instaló en el país y mantuvo reuniones con las autoridades electorales, con organizaciones internacionales y cuerpo diplomático, sociedad civil, expertos, líderes, candidatos, coaliciones y partidos políticos, siempre buscando mantener una paridad en la representación de las fuerzas políticas.

El informe destacó que 37 de las 42 Organizaciones con Fines Políticos (OFP) nacionales habilitadas para esta elección, postularon candidatas y candidatos y que en referencia a la paridad de género, el 49,44% de las postulaciones corresponden a mujeres y el 50.56% son hombres. El informe concluye que en los centros electorales visitados por la Misión del PARLASUR, en promedio, cada elector demoraba alrededor de un minuto en ejercer su votación. Por su parte, los miembros de mesa y funcionarios militares indicaron que se reportaron pocas incidencias y que la jornada transcurrió con toda normalidad.

En contraste, el informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOEUE) es un tanto más ambiguo en sus conclusiones. Por un lado, la misión reconoce avances en el proceso electoral venezolano, y plantea que esta en concordancia con los estándares internacionales, sumado a la composición más equilibrada del Comando Nacional Electoral. Pero por otro lado, realiza apreciaciones y valoraciones críticas que en la mayoría de los casos son accesorias y laterales, pero que en otros, apuntan directamente a la institucionalidad venezolana, en particular a la Junta Electoral Nacional, desconociendo las atribuciones constitucionales que tiene la misma.

Por su parte, desde el sector oficialista de Venezuela se expresó Diosdado Cabello, dirigente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), expresando que la misión de observación electoral que la Unión Europea llegó con el informe “hecho” y que “se quedaron con las ganas porque 300 observadores más dijeron que todo fue limpio, transparente, con uno que otro incidente, que nosotros condenamos igual, pero aquí no hay trampa”.

En definitiva, la ambigüedad del informe fue utilizado por sectores de la prensa internacional para intentar minar el proceso electoral y los avances en la institucionalidad política del país. Así, el The New York Times afirmó que “Los observadores europeos dijeron que las elecciones no fueron libres ni justas” y que “fueron desvirtuadas por condiciones desiguales de participación, violencia y órdenes judiciales contra los líderes de la oposición”. Sin embargo, el mismo medio tuvo que admitir que “la misión subrayó varias mejoras en materia democrática durante las elecciones del domingo, y llegó a calificar el sistema de procesamiento electrónico de los votos como ´confiable´

Expresando críticas en una línea similar se posicionaron diversas representaciones diplomáticas Europeas frente a la elección. Así fue el caso de España donde el Gobierno “constató que los comicios no cumplieron los estándares internacionales e hizo un llamamiento a Ejecutivo venezolano y oposición”. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Reino Unido emitió un comunicado en el que ha señalado que si bien las condiciones electorales “pueden haber mejorado” y “la participación de más partidos de la oposición fue bienvenida”, “las condiciones necesarias para unas elecciones libres y justas cayeron muy por debajo de los estándares requeridos”.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela respondió a estas críticas afirmando que “El pueblo venezolano, a pesar de un cruento e ilegal bloqueo, en medio de una terrible pandemia, ha protagonizado un proceso electoral con plenas garantías, dentro de los más altos estándares tecnológicos y la participación de todos los sectores políticos, lo que atestigua la existencia de una vibrante democracia en el país”. En ese aspecto exhortó a los gobiernos de España y el Reino Unido a rectificar sus posiciones injerencistas y colonialistas.

Pero más allá de algunas controversias, el camino de las elecciones consensuadas en las que participó la oposición política indican un avance en la estabilización institucional del país, y echa por tierra las estrategias de desestabilización impulsadas por Estados Unidos de la mano de Juan Guaidó, y las prácticas insurreccionales que impulsaba un sector de la oposición.

Queda ahora el desafío de resolver la dura situación económica, atravesada por el bloqueo norteamericano y las sanciones económicas de los países aliados a su estrategia. El país se encuentra en una profunda crisis de desabastecimiento de bienes que encarecen las mercancías y distorsiona todos los precios. El cumplimiento del memorando en materia electoral debería tener como contrapartida la distensión del asedio económico frente a Venezuela y la recuperación de los fondos bloqueados que el país tiene en el exterior. El desafío del gobierno en estabilizar económicamente al país sigue vigente, pero el apoyo popular en la elección es un espaldarazo para el chavismo en esa gesta.

Conexión Brasil | Recapitulación de lo que sucedió en Brasil desde 2015: Parte 1 de 3

Conexión Brasil | Recapitulación de lo que sucedió en Brasil desde 2015: Parte 1 de 3

Por Rogério Tomaz Jr.*

Octubre de 2014. El último domingo de ese mes, la primera mujer elegida presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, volvió a ganar las elecciones y logró la renovación de su mandato por otros cuatro años. El ciclo del PT gobernando Brasil cumpliría 16 años consecutivos en 2018. Todas las apuestas indicaban que Lula volvería a ser candidato, lo que le garantizaría otros cuatro u ocho años del partido en el Palacio del Planalto.

Los líderes del proyecto neoliberal brasileño, en el sistema político, en la economía y en los medios, vislumbraron este escenario e hicieron un pacto: lucharían para impedir la conclusión del mandato de Dilma y evitar una nueva candidatura de Lula, costara lo que costase.

El operativo para desestabilizar el gobierno y la democracia comenzó al día siguiente de la segunda vuelta de las elecciones de 2014. Derrotado por una diferencia de solo 3.3% (51,6% x 48,3%), Aécio Neves reunió la dirigencia del PSDB y determinó que el partido cuestionaría formalmente el resultado electoral y pediría un recuento de votos, algo que nunca había sucedido en Brasil – en una elección presidencial – desde el fin de la dictadura militar, en 1985.

El jueves 30 de octubre, el PSDB interpeló formalmente al Tribunal Superior Electoral (TSE) para realizar una auditoría del escrutinio. El argumento era que existía el “sentimiento” de que se había producido un fraude electoral. El cinismo de los perdedores fue tan grande que dijeron que la solicitud al TSE “no tiene nada que ver con una solicitud de recuento de votos ni cuestionamos el resultado”. El objetivo de la acción, según los voceros del PSDB, era evitar que el “sentimiento” siguiera “alimentándose en las redes sociales”.

Breve paréntesis: un año después de la elección de Brasil, el peronista Daniel Scioli perdió las elecciones presidenciales en Argentina ante el neoliberal Maurício Macri por el 2,68% de los votos. No hubo pedido de recuento. En 2019, en Uruguay, la diferencia a favor del candidato de la coalición de derecha, Lacalle Pou, sobre Daniel Martínez, del Frente Amplio, fue solo del 1,58% y tampoco hubo solicitud de recuento.

De regreso a Brasil, el día antes de que el PSDB solicitara una auditoría en el proceso electoral, ocurrió un hecho en la Cámara de Diputados que tendría un gran impacto en el futuro. El miércoles (29) el PMDB ratificó la continuidad de Eduardo Cunha como líder del partido, equivalente a presidente de bloque. Sin embargo, el encuentro terminó con el tono de lanzamiento de candidatura a la presidencia de la Cámara. Hablo con conocimiento. Yo caminaba por el pasillo donde se estaba llevando a cabo la reunión del PMDB cuando los diputados salieron de la sala gritando el nombre de Cunha y prácticamente comenzando su campaña para presidir la casa legislativa.

Unos meses después se confirmaron las sospechas. El 1 de febrero, Cunha se postuló para la presidencia de la Cámara y derrotó con gran ventaja a un diputado del PT, Arlindo Chinaglia. Años más tarde, se supo que la campaña de Cunha había recibido R$ 30 millones (US$ 11,4 millones en la época) en coimas de JBS, el gran exportador de proteína animal en Brasil, para “convencer” a sus pares de que votaran por él.

Cuando tomó el control de la Cámara, Cunha dejó en claro que no sería un aliado del gobierno de Dilma. Por el contrario, todas sus medidas estaban encaminadas a debilitar al presidente: instaló comisiones de investigación contra el gobierno; puso adversarios del PT para presidir las comisiones más importantes; llevó a votación (y aprobó) proyectos, sin apoyo del gobierno, que incrementaron el gasto del Estado y agravaron la situación fiscal del país; estimuló la rebelión de los diputados de los partidos de la coalición oficialista que aún eran aliados de Dilma y hacia halagos a las diversas solicitudes de juicio político contra Dilma que se le presentaron.

En julio de 2015, Cunha anunció formalmente su ruptura con el gobierno y se declaró opositor, a pesar de que el vicepresidente de la República, Michel Temer, era de su partido y muy cercano a él.

Política

Mientras tanto, Rousseff estaba cometiendo varios errores políticos y dejando al descubierto la debilidad del gobierno. Incluso antes de asumir el nuevo mandato, ella anunció a Joaquim Levy como ministro de Economía, economista neoliberal y amigo de varios políticos del PSDB. El objetivo era complacer al mercado, pero la derecha entendió el gesto como un signo de fragilidad. Y la izquierda, incluidos sectores del propio PT, criticó duramente el giro conservador.

Parlamentarios de la base oficial se quejaron de que no eran recibidos por la presidenta y los grandes medios de comunicación reflejaron en cada detalle – incluso sumando a la convocatoria – los actos callejeros contra el gobierno, que comenzaron en marzo y fueron ganando fuerza rápidamente.

Impeachment

En marzo, Cunha tuvo que declarar ante la Comisión Parlamentar de Inevestigación (CPI) de Petrobras – creada por él mismo para atacar al gobierno – sobre la acusación, hecha por el Ministerio Público, de que tendría cuentas en el exterior que no fueron declaradas y utilizadas para actos de corrupción. Cunha dijo a los miembros de la CPI que no tenía cuentas distintas a las que figuran en su impuesto de ganancias. Días después aparecieron en la prensa documentos que confirmaban la existencia de las cuentas y Cunha fue denunciado ante el Consejo de Ética de la Cámara por haber mentido en una CPI, lo que equivale al delito de perjurio.

El 2 de diciembre, el Consejo decidió avanzar el caso contra Cunha. Los representantes del PT en el Consejo votaron a favor del proceso y, en venganza, Cunha autorizó la apertura del juicio político contra Dilma.

Entre los varios pedidos de acusación disponibles, se eligió el que simbólicamente resultó más interesante desde el punto de vista para la prensa: precisamente el que estaba firmado por un fundador del PT, el jurista Hélio Bicudo. La acusación fue ordenada por el PSDB. Una de las autoras de la petición, la abogada Janaína Paschoal, confesó que recibió R$ 45 mil del partido. La acusación: el gobierno de Dilma había cometido maniobras contables prohibidas por la ley, que se conocieron como “pedaleos fiscales”.

La suerte estaba echada.

Continúa la semana que viene.

*Periodista brasileño, residente en Argentina, cursando la Maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza. Trabajó durante 11 años en la Cámara de Diputados de Brasil. Twitter: @rogeriotomazjr

El malestar social y la polarización política marcan las elecciones en Honduras

El malestar social y la polarización política marcan las elecciones en Honduras

por Florencia Tursi Colombo

Este domingo habrá elecciones en Honduras en medio de un clima político y social complejo. Mientras la violencia, la corrupción, el narcotráfico y la pobreza dominan el escenario, al mismo tiempo, se mantiene la esperanza de que la elección cambie el devenir del país.

¿Qué se elige?

Este domingo 28 de noviembre se llevan a cabo elecciones en Honduras para elegir presidente/a, 128 diputados/as titulares y 128 suplentes, 298 alcaldes, 2096 regidores y 20 diputados/as del Parlamento Centroamericano. Hay 5,5 millones de hondureños/as habilitados/as para votar.

¿Quiénes son los/as candidatos/as?

En total, se han presentado 13 candidatos/as a la presidencia. Sin embargo, solo 3 aparecen como los favoritos según las encuestas.

Xiomara Castro de Zelaya

Edad: 62 años

Fuerza política: Partido LIBRE (Libertad y Refundación)

Ideología: izquierda

Biografía: Xiomara es esposa del expresidente Manuel Zelaya. Fue candidata a la presidencia en 2013, quedando en segundo lugar con el 28.78% de los votos. Busca convertirse en la primera mujer presidenta de Honduras.

Nasry Asfura

Edad: 63 años

Fuerza política: Partido Nacional

Ideología: derecha, conservador

Biografía: Nasry es el actual Alcalde de Tegucigalpa y se presenta como la sucesión del presidente Juan Orlando Hernández. Fue Diputado durante el período 2010-2014. Hay ciertas acusaciones de corrupción en su contra y su nombre aparece en los Pandora Papers.

Yani Rosenthal

Edad: 56 años

Fuerza política: Partido Liberal

Ideología: centro

Biografía: Yani fue Ministro de la Presidencia durante el gobierno de Manuel Zelaya entre 2006 y 2008, y fue Diputado durante el período 2010-2014 por el Partido Liberal.

¿Qué se espera?

La campaña electoral parece desenvolverse de manera similar a otras que se han desarrollado este año en la región, en donde los/as 2 candidatos/as que lideran la contienda electoral pertenecen a ideologías marcadamente opuestas dejando atrás a los/as candidatos/as de centro.

En este sentido, la principal característica de la elección en Honduras es la polarización. La disputa electoral se da, centralmente, entre dos fuerzas identificadas como la izquierda y la derecha.

Por izquierda, Xiomara Castro del Partido Libre, encabeza la intención de voto. Por derecha, Nasry Asfura del Partido Nacional, sucesor del actual presidente Orlando Hernández, permanece segundo en intención de votos.

El contenido de la campaña electoral también ha tendido a polarizarse. Mientras que, desde el sector de Xiomara se ha hecho campaña con la ampliación de derechos, como por ejemplo despenalizar el aborto, y sacar del poder a la derecha de siempre, “es pa’fuera que se van” repite Xiomara. Por el otro lado, desde la derecha, Asfura ha hecho campaña con el lema “patria o comunismo”.

El contexto

El escenario es complejo, en el último año hubo 31 asesinatos por motivos políticos, a lo que se le suma las denuncias de corrupción y los lazos de la política con el narcotráfico, al punto tal que se habla del “narco-Estado”.

El malestar social es una constante. En octubre del 2019 hubo una oleada de protestas que pedían la renuncia del presidente Orlando Hernández, luego de que se descubriera que el hermano del presidente recibía dinero del narcotráfico. Este año, con motivo de celebrarse el bicentenario de la independencia, los/as hondureños/as se movilizaron contra el gobierno para reclamar por la situación de pobreza, además señalaban que el país no vive en una “verdadera independencia”. Incluso, en las últimas elecciones presidenciales, en 2017, miles salieron a las calles para denunciar fraude. Pero los reclamos no son escuchados, por el contrario, se ha criminalizado la protesta social.

La migración también es una problemática que afecta. Los/as jóvenes no ven futuro en el país y arriesgan su vida al cruzar la frontera de México hacia EEUU. A lo que se sumó, durante el 2020, dos huracanes que golpearon al país empeorando la ya precaria situación de miles de personas.

Se estima que, para fin de año, 3 de cada 4 hondureños/as se encontrarán en la pobreza, esto como consecuencia también de la pandemia ya que se incrementó el costo de vida y se precipitó la desigualdad.

Cabe señalar que este escenario de malestar social y violencia política es una clara consecuencia del golpe de estado contra el presidente Manuel Zelaya llevado a cabo en 2009. Zelaya encarnaba un cambio de época en Honduras, su gobierno desplazó la hegemonía de derecha en el país, dándole el protagonismo a los sectores sociales habitualmente excluidos. El golpe y la ilegal expulsión de Zelaya implicaron el retorno de esa derecha al poder, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, y acompañado de la suspensión de libertades, la persecución y asesinato de líderes sociales y la criminalización de la protesta social.

Lo que fue y lo que será en Chile

Lo que fue y lo que será en Chile

Este domingo 21 se desarrollaron las elecciones presidenciales, de senadores, diputados y de consejeros regionales en Chile, con una participación del 47,34% del electorado, que corresponde a 7.115.590 de electores de un total de 15.030.973 habilitados para la votación.

El Servicio Electoral de Chile comunicó que escrutado el 99,99% de las mesas, los resultados arrojaron un 27,91% para el candidato por el Partido Republicano Jose Antonio Kast Rist (1.961.122 electores), seguido con un 25,83% por Gabriel Boric Font, nominado por el Pacto Apruebo Dignidad (1.814.809 electores). Ambos candidatos pasaron a la segunda vuelta a realizarse el 19 de diciembre para determinar el próximo presidente de Chile.

En tercer lugar se consagró Franco Parisi Fernández, líder de centro-derecha por el Partido de la Gente, quien realizó su campaña desde EEUU, donde tiene su residencia, con un 12,80% de los votos (899.403 electores). En cuarto lugar se encontró el candidato oficialista Sebastián Sichel Ramírez, nominado por el Pacto Chile Vamos, con 12,79%, (898.510 electores). En quinto lugar Yasna Provoste Campillay, del Partido Demócrata Cristiano obtuvo el 11,61% (815.558 electores), seguido de Marco Enríquez-Ominami Gumucio por el Partido Progresistas de Chile con el 7,61% (534.485 electores). En último lugar quedó Eduardo Artés Brichetti, candidato por el Partido Unión Patriótica con 1,47% (103.181 electores).

El dato curioso lo marca el hecho de que por primera vez los candidatos al ballotage pertenecen a fuerzas políticas ajenas a las dos coaliciones que lideraron el país desde el retorno de la democracia, obteniendo estas últimas el cuarto y quinto lugar. Este hecho marca el descredito de las formaciones políticas tradicionales luego de las movilizaciones del 2019.

Por otro lado, el porcentaje de participación confirmó la tendencia a la baja que registra el país, donde desde el 2009 (59,6%) no hubo ninguna elección presidencial con una afluencia mayor al 50%. En esta elección presidencial incluso participaron alrededor de 500 mil electores menos que en el Plebiscito constitucional del 2020.

Así las cosas, la sociedad chilena deberá elegir en un clima de polarización al nuevo presidente el 19 de diciembre entre Kast, abogado de 55 años, defensor del neoliberalismo y del pinochetismo, y Boric, exlíder estudiantil de 35 años, quien impulsa la salida del Chile neoliberal, con mayor fortalecimiento del Estado que promueva una mayor justicia social.

Si bien los votos no son transferibles y el resultado de diciembre está abierto en función del grado de participación de la ciudadanía, es previsible que gran parte de los votos de Parisi y Sichel se concentren en la candidatura de Kast, mientras que los de Provoste, Enríquez-Ominami y Artés jueguen para Boric.

Las elecciones incluían también la renovación parcial del Senado, en las que la Alianza Chile Podemos Más obtuvo 12 senadores electos; Nuevo Pacto Social 8; el Frente Social Cristiano 1; Apruebo Dignidad 4; y 2 Senadores por candidatos independientes. De esta forma el bloque de centroizquierda y Frente Amplio quedó con 23 senadores electos más dos independientes cercanos a la izquierda, sumado a otros 25 partidarios del Pacto Republicano y Chile Podemos Más. Así, por primera vez la derecha obtiene la mitad de senadores desde la apertura democrática post-pinochetista.

En cuanto a la Cámara de Diputados renovó sus 155 escaños y el resultado fue similar a lo ocurrido en el Senado, ya que la izquierda y centroizquierda retroceden de 82 diputados a 73 electos en esta ocasión. Pero en este caso la derecha sumó 68 diputados electos de los 72 parlamentarios con los que contaban en el periodo previo a la elección. Los 14 cupos restantes se consideran sin identificación con estos bandos, en especial los 6 electos del Partido de la Gente (presidido por Franco Parisi), quienes serán claves en la Cámara baja.

Resultados Presidenciales

Claves

El resultado de la elección muestra dos características: dispersión y cierta polarización, que también se plasma en la geografía chilena, mientras Boric ganó en el Gran Santiago y fue competitivo en los grandes centros urbanos. Kast, en cambio, se llevó las regiones y, especialmente, las pequeñas ciudades, pueblos y zonas rurales del sur.

La dispersión se explica por la crisis de representación de los partidos tradicionales que intentan presentar opciones del centro político, dejando a las candidaturas de Boric y Kast en una polarización relativa, pues sumadas no llegan al 60% del electorado.

El clima generado luego del estallido social del 2019, hacía suponer que la sociedad chilena buscaba un cambio, y la izquierda buscó capitalizar esa búsqueda de renovación a través de la propuesta de la reforma constitucional, que fue apoyada en el Plebiscito de octubre de 2020.

Sobre ese avance, la “nueva izquierda” planteó un programa a partir de la ampliación de derechos y reducción de las desigualdades sociales, políticas y económicas, con una apuesta fuerte a la renovación de liderazgos, centrando la participación en jóvenes provenientes de las luchas sociales y estudiantiles.

Junto a la “nueva izquierda”, se constituyó un espacio heterogéneo que aglutinó a los “independientes”, que lograron canalizar la mayor parte de los convencionales constituyentes, y la derecha tradicional pudo sostener un caudal de representación del orden del 30%

De esta forma, la Convención Constituyente ya marcó que el estallido social del 2019 no fue cristalizado en ningún partido o fuerza política, ni en ningún liderazgo único.

De cara a las presidenciales, la disputa se orientó a representar las demandas de renovación política y los candidatos Boric y Kast buscaron dar una respuesta ideológica a esa crisis. En este sentido, Boric intenta posicionarse como el verdadero portavoz del horizonte de emancipación que abrió el estallido social, mientras que Kast intenta cerrar ese proceso político.

No obstante, un gran interrogante se presenta ante el avance de la extrema derecha. Kast es el candidato que encarna el estilo, la ideología y los programas que ya vimos en Brasil con Bolsonaro y en EEUU con Trump. El éxito de Kast se debe, en parte, a que encarna el discurso del orden y la estabilidad en un contexto bastante movido y turbulento.

De cara a la segunda vuelta los candidatos buscan obtener el apoyo de los otros candidatos. Por un lado, Boric busca el apoyo de los electores de Yasna Provoste de Nuevo Pacto Social. Aunque las posibilidades de Boric se ven difíciles por la baja votación de Yasna Provoste, logrando un 11,6% y ubicándose en un quinto lugar. También aspira a sumar con los electores de Marco Enriquez-Ominami del Partido Progresista, de Eduardo Artés de Unión Patriótica.

Del lado de la derecha, el apoyo a Kast parece sumar más votos apelando a quienes quedaron en tercero y cuarto lugar, Franco Parisi del Partido de la Gente y Sebastián Sichel de Chile Podemos Más.

Sin embargo, la pregunta es si la estrategia debe orientarse a obtener el apoyo de los candidatos o de apelar a sus bases sociales que buscan ver sus demandas representadas en un contaxto de incertidumbre.

En cuanto a lo que se viene, es difícil predecir el camino que vendrá pero sin dudas estamos ante la disputa de dos proyectos opuestos. Por un lado, Boric representa la posibilidad de un giro a la izquierda en Chile, su presidencia será un marco institucional para iniciar un proceso de cambios y canalizar las demandas por la ampliación de derechos que inició en 2019. En cambio, Kast representa un giro hacia un nuevo tipo de pinochetismo que busca dar prioridad al “orden interno” con la autoridad de los carabineros, su presidencia pondrá fin a esas demandas de cambio y de ampliación de derechos limitando el poder de la Convención Constituyente.

Elecciones subnacionales reordenan el mapa político venezolano

Elecciones subnacionales reordenan el mapa político venezolano

¿Qué se elige?

Este 21 de noviembre los/las venezolanos/as acceden a las urnas para elegir 23 gobernadores/as, 335 alcaldes, 253 legisladores/as estatales y más de 2 mil concejales.

¿Quiénes se presentan?

Hay cuatro fuerzas políticas que disputan la elección y más de 70 mil candidatos/as para la totalidad de los cargos.

Por un lado, el oficialismo se presenta en el Gran Polo Patriótico que agrupa a los partidos PSUV, Somos Venezuela y Patria para Todos, con algunos otros aliados. Por otro lado, la oposición va dividida en la Plataforma Unitaria (Acción Democrática, COPEI, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo) y la Alianza Democrática (Cambiemos, Avanzada Progresista, y sectores de Acción Democrática, COPEI y Voluntad Popular). También se presenta en esta elección la Alternativa Popular Revolucionaria, una fuerza política de izquierda chavista pero opositora al presidente Maduro y que agrupa al PCV, Patria para Todos, un sector de Tupamaro, Somos Lina, e Izquierda Unida.

¿Qué está en juego?

La elección pone en juego para el oficialismo la continuidad y vigencia del chavismo y la Revolución Bolivariana habiéndose cumplido este año el aniversario número 22 de la primera victoria de Hugo Chavez y llegada a la presidencia en 1999. Mientras que, para la oposición está en juego la posibilidad de retomar las vías democráticas de acceso a los cargos públicos.

Parte de la oposición se abstuvo de participar en los anteriores comicios como en las elecciones presidenciales del 2018 y la elección de la Asamblea Nacional en 2020, en cambio se apostó por la violencia, con las guarimbas, desabastecimientos e intentos de atentados, generando un clima de inestabilidad y hasta se ensayó auto-proclamar a un presidente en 2019.

Sin embargo, la oposición llega fragmentada a la elección, por lo que corresponde hablar de oposiciones, en plural, pero no cuentan con un programa coherente ni propuestas de cambio. Por el otro lado, el chavismo, habiendo pasado más de 25 elecciones, aún demuestra que puede movilizar a la población en torno a un proyecto que, con sus dificultades, mantiene las esperanzas de mejora económica y social. Asimismo, al interior del chavismo hay reacomodamientos de los cuales estás elecciones van a ser indicativos.

Más allá del resultado, el presidente, Nicolás Maduro, busca ganar legitimidad al convocar a unos nuevos comicios democráticos ya que, en esta oportunidad las oposiciones han aceptado las reglas del juego y prometieron mantenerse apegadas a las normas democráticas.

A pesar de que son elecciones subnacionales, el resultado será un primer reordenamiento general del mapa político.

Chile elige presidente en medio del proceso constitucional

Chile elige presidente en medio del proceso constitucional

Chile va a elecciones generales en la misma semana en que el presidente Sebastián Piñera sorteara en el Senado la acusación constitucional que había avanzado en Diputados en la que se lo acusaba de “haber infringido abiertamente la constitución y las leyes” y “haber comprometido gravemente el honor de la nación”. La acusación surgió luego de que se conociera, a partir de la difusión de los Pandora Papers, que el presidente se había desprendido del proyecto minera Dominga en el año 2010, de su propiedad y que vendió a un íntimo amigo, a condición de que no declarara la protección ambiental de la zona en la que se emplazaba. 

En paralelo a la elección, se desarrollan las actividades de la Asamblea Constituyente -que fue una de las principales demandas durante el estallido de 2019 y que nació luego del referéndum de 2020-, encargada de redactar una nueva constitución para Chile, que supere la actual carta magna que fue impulsada por el dictador Augusto Pinochet.

A partir del estallido social del 2019, la imagen de Sebastián Piñera cayó. A esto se suma, el hecho de que durante la pandemia el país sufrió una fuerte caída económica, con una disminución del PBI de un 6%, siendo la peor recesión en décadas. 

Al desarrollarse en pandemia, las autoridades desplegarán un protocolo COVID-19 para convocar a que los electores asistan con sus propios elementos de protección y proveerán kit sanitarios para autoridades de mesa, además de sanitizar de los locales de votación.

Esta será una nueva instancia electoral para los chilenos y chilenas en 2021, año en que también eligieron en mayo las autoridades subnacionales, y las primarias en julio. 

¿Qué se elige?

Este próximo 21 de noviembre, Chile lleva a las urnas para elegir el Presidente de la República para el período 2022-2026 en conjunto con elecciones legislativas y de consejeros regionales.

  • Presidente de la República
  • 155 Diputados/as
  • 27 Senadores/as
  • 302 miembros de los dieciséis consejos regionales del país.

Partidos y candidatos presidenciales

Después de las Primarias celebradas en en el mes de julio de este año, son siete los candidatos habilitados para presentarse al cargo de Presidente de la República.

  1. Gabriel Boric Font: Candidato nominado por el Pacto Apruebo Dignidad
  2. José Antonio Kast Rist:  Candidato declarado por el Partido Republicano de Chile.
  3. Sebastián Sichel Ramírez: Candidato nominado por el Pacto Chile Vamos
  4. Franco Parisi Fernández: Candidato declarado por el Partido de la Gente.
  5. Marco Enríquez-Ominami Gumucio: Candidato declarado por el Partido Progresistas de Chile.
  6. Yasna Provoste Campillay: Candidata declarada por el Partido Demócrata Cristiano.
  7. Eduardo Artés Brichetti: Candidato declarado por el Partido Unión Patriótica.

Mecanismo de voto y elección

El voto en Chile es voluntario desde el año 2012. Además es personal, igualitario y secreto. 

En las elecciones presidenciales, parlamentarias, y de consejeros regionales pueden votar todos los ciudadanos y ciudadanas mayores de 18 años habilitados. 

En la categoría presidencial pueden participar las personas con derecho al voto en el país y en el extranjero, en las categorías de Senadores/as, Diputados/as y Consejeros Regionales solo se encuentra habilitado el voto en el país.

Para acceder al cargo de Presidente, debe obtenerse mayoría absoluta, de lo contrario se va a una segunda vuelta que está prevista para el 19 de diciembre entre los dos candidatos más votados.

Desde la reforma constitucional de 2005, el período del mandato presidencial es de cuatro años. Quien ocupa el cargo no puede ser reelecto para el período inmediatamente siguiente.

Asimismo, mientras que los integrantes de la Cámara baja son elegidos por un período de cuatro años, los/as Senadores/as lo hacen por uno de ocho años.

Padrón electoral

Teniendo en cuenta el voto en el exterior, son 15.030.974 los/as electores/as habilitados para estas elecciones, 14.959.956 corresponden a quienes se encuentran en el territorio nacional, y 71.018 a chilenos/as en el extranjero.

Las comunas que tienen mayor concentración de electores son las comunas de Puente Alto (403.129 electores/as), Maipú (392.526), Santiago (339.067), La Florida (308.804), y Viña del Mar (302.008).

Respecto al padrón por género, de acuerdo a los datos del SERVEL, un 49% se encuentra conformado por hombres (7.322.895), siendo 7.288.672 los habilitados en Chile y 34.223 los habilitados en el exterior, y un 51% conformado por mujeres (7.708.079), 7.671.284 correspondiente a las habilitadas en Chile y 36.795 en el exterior.

Voto desde el exterior

En las elecciones del año 2017 fueron las primeras en las que se reconoce el derecho a voto a chilenas y chilenos viviendo en el extranjero, pudiendo a partir de allí votar en las elecciones presidenciales (primarias, elecciones presidenciales y eventual segunda vuelta) y en los plebiscitos nacionales que se convoquen en el país. 

Voto migrante

El voto de los y las migrantes se encuentra también reconocido en la Constitución. Para las elecciones 2021, de acuerdo a los electores/as habilitados/as, la mayoría de los migrantes provienen de Perú (157.003), Colombia (56.489), Bolivia (50.766), Argentina (30.449) y Ecuador (17.990)

Elecciones legislativas

En la categoría de elecciones legislativas para el mandato 2022-2026 (Diputados) y 2022-2030 (Senadores) se renueva la totalidad de la Cámara de Diputados y 27 Senadores/as correspondientes a nueve regiones (Antofagasta, Coquimbo, Metropolitana de Santiago, O´Higgings, Ñuble, Biobío, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes).

En el año 2020 el Congreso aprobó una ley que limita la reelección de parlamentarios y otras autoridades, pudiendo ser reelegidos sucesivamente hasta por dos períodos en el caso de Diputados y un período en el caso de Senadores, y aplicándose desde su promulgación, por lo que para estas elecciones fueron 37 diputados y 6 senadores los que no pudieron presentarse a la reelección.

A partir de las elecciones del año 2017, y con la aprobación de la ley 20.840, se dejó atrás el sistema binominal y se pasó a un método de asignación de escaños proporcional, el coeficiente proporcional D’Hont, con el fin de asegurar la proporcionalidad de los candidatos electos Mientras que, en las elecciones para la Cámara de Diputados, los diputados son electos en 28 distritos electorales, para la Cámara de Senadores son elegidos por voto directo en los distritos senatoriales que conforman cada una de las regiones donde se eligen 2, 3 o 5 senadores. 

Representación política de la mujer

Con la incorporación de la cuota de género que se utilizó por primera vez en las elecciones del año 2017, se obtuvo recién una representación del 22,5 % de mujeres en la Cámara de Diputados. Esta cuota de género establece que el total de varones o mujeres no debe representar más del 60% de la lista

En las últimas elecciones de Convencionales Constituyentes, donde por ley debía ser una Convención Paritaria, 11 mujeres debieron resignar sus escaños por la aplicación de la paridad. 

La paridad en los órganos legislativos, en todos sus niveles, es uno de los ejes de debate en la redacción de la nueva Carta Magna.

Composición actual de las cámaras

Actualmente, la Cámara de Diputados, con 155 miembros, tiene una primera minoría con el oficialismo si se tiene en cuenta la coalición Chile Vamos que integran Renovación Nacional, la Unión Demócrata Independiente, Evópoli y 4 independientes. Respecto a la representación política de la mujer, hoy en día sólo un 23% de la Cámara se encuentra integrada por mujeres

La Cámara de Senadores, actualmente se encuentra integrada por 43 miembros. A partir de la reforma constitucional del año 2015, se estableció la elección de 50 senadores distribuidos en 16 circunscripciones, por lo que en estas elecciones se completará la renovación total de la Cámara para alcanzar los 50 Senadores/as. De ese total de 43 Senadores/as, hoy el 27,9% son mujeres

Elecciones de consejeros regionales

Para esta elección se elegirán 302 miembros de los 16 consejos regionales que existen en el país. Esta elección es la última que se realizará de manera simultánea con las presidenciales y parlamentarias, ya que, a partir del año 2024, se realizará junto a las elecciones de alcaldes, concejales y gobernadores regionales. 

Por este motivo, de manera excepcional, el mandato de los consejeros regionales será en esta ocasión de tres años, 2022-2025.

Fueron legalmente declaradas por el SERVEL 27 listas, que corresponden a 21 pactos y 6 partidos políticos para las distintas regiones:

Fuente: OBSERVATORIO ELECTORAL DE LA COPPPAL

Nicaragua decidió por la estabilidad

Nicaragua decidió por la estabilidad

Las elecciones generales de Nicaragua no brindaron ninguna sorpresa, sino que ratificaron la progresión de elecciones anteriores. Aún sin la participación de parte de la oposición la elección fue llevada adelante sin mayores problemas, pero una gran cantidad de países del continente se expresaron en contra del proceso por no considerarlo limpio y justo.

Resultados

El Sandinismo volvió a renovar su mandato, consolidándose como el principal partido nicaragüense. Daniel Ortega obtuvo su quinto mandato presidencial, el cuarto consecutivo, con un 75,92% de los votos. En segundo lugar quedó Walter Espinoza, del PLC, con 14,15%. El resto de los candidatos no superaron el 4%.

Este resultado está en línea con el afianzamiento del FSLN a lo largo de sus mandatos, obteniendo 38,07% en 2006, 62,46% en 2011, 72,44% en 2016 y 75,92% ahora.

En cuanto a la Asamblea Nacional, la distribución de escaños para el período 2021-2026 es: Frente Sandinista de Liberación Nacional – FSLN – 75 diputados (15 nacionales, 60 departamentales), Partido Liberal Constitucionalista – PLC – 9 diputados (2 y 7), Alianza Liberal Nicaragüense – ALN – 2 diputados (1 y 1), Alianza por la República – APRE – un diputado nacional, Partido Liberal Independiente – PLI – un diputado nacional, Camino Cristiano Nicaragüense – CCN. – un diputado departamental y Yatama, un diputado departamental.

La cantidad de diputados del FSLN también acompaña la misma progresión: 38 en 2006, 63 en 2011, 71 en 2011 y 75 ahora.

Participación

De acuerdo con el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua (CSE), el padrón electoral nicaragüense constaba de 4.478.334 electores. La participación se estableció en el 65,23% al contabilizarse 2.860.559 votantes, los cuales emitieron 2.704.705 votos válidos y 155,854 votos nulos.

La oposición más radical, que promovió la abstención debido a que sus principales figuras se encuentran encarceladas por procesos relacionados con lavado de dinero y acusaciones de traición a la patria, desconoce el dato de participación otorgado por el CSE. Para ellos es válida la medición que llevó adelante la ONG Urnas Abiertas, realizando muestras en un 18% de los centros de votación, que sostiene que la participación fue sólo del 18,5%.

Esta diferencia ahora también es cuestionada por Guillermo Osorno, candidato por CCN. Según él, las elecciones presidenciales reflejan la voluntad popular, pero fue inflada la participación, afectando la distribución de escaños. Sostiene que su partido debería haber obtenido más diputados. Realizó sus denuncias frente a la prensa y llamó a rehacer las elecciones generales junto a las elecciones municipales el año que viene.

Reacciones

Tal como se había previsto antes de las elecciones, ni los Estados Unidos, ni la Unión Europea ni la Organización de Estados Americanos (OEA) reconocieron las elecciones generales nicaragüenses.

El gobierno estadounidense aprovechó la situación para extender sus sanciones económicas contra Nicaragua. A las aplicadas en la Nica Act, ahora se le suma la Ley RENACER. Esta nueva ley, sancionada después de las elecciones, va más allá de las sanciones económicas dirigidas a personas físicas o legales del país, sino que amplía la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Managua, y pide revisar la participación de Nicaragua en el pacto de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR). Es decir que Estados Unidos aumentará su presión sobre Nicaragua en los organismos multilaterales de crédito (FMI, Banco Mundial, BID, etc), haciendo pesar su participación mayoritaria, además de retirarlo de un tratado comercial importante. Esto pondrá a Nicaragua en desventaja con otros países de la región en tanto su relación comercial con Estados Unidos.

La OEA, por su parte, aprobó una resolución declarando que las elecciones “no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”. Veinticinco países votaron a favor de la declaración, sólo Nicaragua votó en contra y siete países se abstuvieron: Bolivia, México, Honduras, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Belice y Dominica. La resolución también plantea la evaluación sobre la situación democrática en Nicaragua para considerar la aplicación de la Clausula democrática y la suspensión de su membresía.

Por otro lado, quienes apoyaron a Managua en la manera de llevar adelante las elecciones fueron: Bolivia, Rusia, Venezuela e Irán, además del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), que saludó la realización de los comicios.

Mas allá de las dificultades a las que se enfrenta el gobierno de Ortega, sanciones económicas y una oposición que no desea jugar electoralmente, mantiene el control del aparato del Estado y las riendas de la economía. Es natural que tras el caos de las protestas del 2018, el pueblo nicaragüense haya apostado por la seguridad y estabilidad que brinda el gobierno. Sin embargo, ahora le toca al gobierno, con su renovado mandato, lograr encausar a la oposición de vuelta al diálogo, para poder resolver las dificultades en el frente externo que surgen a partir del no reconocimiento de las elecciones por terceros países.